Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- Citibanamex estimó una pérdida neta total del PIB de 23.6 millones de pesos, equivalente a alrededor de 0.1pp del PIB, como consecuencia de os efectos colaterales de la estrategia de combate al robo de combustibles.
De acuerdo con la nota Nota Especial “México, interrumpido”, la escasez de combustible en todo el país representa la primera gran crisis que Andrés Manuel López Obrador debe enfrentar, en menos de un mes desde su toma de posesión.
“Aun cuando aplaudimos la resolución del gobierno para combatir un problema que se ha convertido gradualmente en una amenaza nacional, pensamos que los efectos secundarios de su estrategia pueden ser importantes”.
El gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la nueva estrategia antirrobo superan los costos de la estrategia. Sin embargo, “por definición, los costos estáticos de cambiar a una forma menos eficiente y costosa de transporte de combustible exceden los beneficios”.
Para que este sea una política pública recomendable, la medida debe ser temporal y la reducción del robo, una vez que se regrese a la normalidad, debería ser lo suficientemente significativa como para compensar el costo que la medida estuvo vigente.
En el nivel macro, “la medida constituye un choque de oferta, con impactos principalmente en la actividad. Suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días, estimamos una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos”.
Además, “asumimos una recuperación de 13 mil millones de pesos para fines de enero y otros 3 mil millones en el siguiente mes. En consecuencia, la pérdida neta total del PIB es de 23.6 millones de pesos o alrededor de 0.1pp del PIB”.
Sin embargo, los costos de eficiencia y los impactos macroeconómicos también se intensificarían cuanto más tarde en reanudarse el servicio normal. La nota señala que “para nuestras estimaciones, hemos asumido que el número de estados afectados permanece constante y con un impacto que dura como máximo 17 días. En este escenario particular, el efecto, si la situación actual dura 45 días, implicaría un impacto de 0.3pp del PIB”.
Un tema crucial es si el impacto de la oferta dura más tiempo. Nuevamente, para los propósitos de Pemex y las finanzas públicas, la estrategia implementada es, por definición, más costosa. Si al final el análisis de costobeneficio produce un resultado positivo o no es: a) una función directa de la medida en que se corrige el problema original (robo) una vez que se restablece el servicio normal; b) una función inversa de cuánto tiempo toma para que esto suceda.
Desafortunadamente, ambas variables se están moviendo en una dirección no deseada. Ni AMLO ni la secretaria de Energía, ni el Director Ejecutivo de Pemex han proporcionado una lista bien definida de medidas a implementar ni una guía sobre cuánto tiempo durará el cierre de los ductos, por no hablar de los problemas de escasez.
“Sus diagnósticos también son ambiguos, a veces culpan a los huachicoleros que perforan las tuberías, a veces denuncian a los ejecutivos de Pemex y a veces acusan a las estaciones de servicio que compran combustible robado en el mercado negro. En el extremo, si el nivel de robo sigue siendo el mismo una vez que el sistema de ductos se haya restablecido por completo, los beneficios bajarán a cero y los costos dependerán de la duración del choque”.
