El amparo de Greenpeace contra el programa sectorial de energía, se otorgó en salvaguarda a los derechos humanos de los mexicanos
Luis Miguel Cano, Consultor legal de Greenpeace México, A.C.
La nueva política energética nacional, como casi todo, tiene múltiples matices. Hay elementos positivos y otros no tanto. Llevarla ante los tribunales para que decidan si se apega a nuestra Constitución y compromisos internacionales, y para que resuelvan si es acorde o no con el respeto de nuestros derechos humanos, es una acción de lo más normal es una democracia funcional. Así que sería pésima señal que el gobierno en turno lo interpretara como un acto de campaña en contra suya.
El Programa Sectorial de Energía 2020-2024 es el instrumento rector de todos los programas institucionales del sector energético. A su vez, el documento de política pública que lo debe guiar es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Hecha esa precisión, ambos deben acatar los mandatos constitucionales. Es un asunto bastante simple: cada administración tiene la posibilidad de definir los rumbos de las políticas públicas del país, más no lo pueden hacer a su libre antojo o capricho.
Nuestra Constitución y los derechos humanos de todas las personas que desde ella se reconocen, marcan los fines del proyecto nacional; sin importar quienes nos gobiernen cada sexenio. Nadie está por encima de la Constitución, nada con violación a nuestros derechos humanos. Es un concepto muy sencillo de atender.
La transición energética sujeta a la Constitución
Sin embargo, no es inusual que cada gobierno asuma que su victoria en las urnas le da el derecho de imponer su visión; en lugar de obedecer esa ley fundamental.
Lo peor puede suceder cuando en lugar de servir a la Constitución y respetar esos derechos, quienes gobiernan buscan cambiarla para que se acomode a su modo de ver las cosas. Y eso habla muy mal de la forma en la que en realidad perciben a la población.
Pueden incluso llegar a aferrarse a la idea de que el país es de su propiedad, que las personas que lo habitamos somos sus súbditos, que nuestra participación les complica gobernar y que, a fin de cuentas, tienen poder absoluto.
Nuestra Constitución nos protege hasta en ese escenario. Quizá la razón primordial que explica la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente es esa; controlar al gobierno en turno para que obedezca los mandatos constitucionales e internacionales, y que todo su proceder esté limitado por el respeto de nuestros derechos humanos. Incluida la política energética. Esa es la motivación inicial del amparo interpuesto: proteger nuestros derechos y los de las generaciones futuras.
Por supuesto, no se está en contra de alcanzar y mantener la autosuficiencia energética que satisfaga la demanda de la población con producción nacional. El fin es loable, pero el medio elegido por el actual gobierno no. La mejor forma de lograr ese objetivo no es apostando nuestra salud, medio ambiente y futuro al uso de combustibles fósiles. Tampoco lo justifica buscar fortalecer a las empresas productivas del estado. Ni Petróleos Mexicanos, ni la Comisión Federal de Electricidad, se encuentran por arriba de la salvaguarda de nuestros derechos.
La gente es lo que más importa, no dichas instituciones. Por ello, la transición energética que requiere México debe ajustarse a mandatos constitucionales claros; la sustentabilidad, la reducción de contaminantes, la atención a la crisis climática que vivimos; y con la misma importancia, debe garantizarse el acceso universal de todas las personas y comunidades a fuentes de energía renovables. Tal es la esencia del planteamiento de Greenpeace en el juicio que aquí se relata.
El juicio de amparo que cuestiona al Programa Sectorial de Energía 2020-2024 quedó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
¿Porqué se aprobó el amparo?
El expediente lleva el número 372/2020, y al igual que sucedió con el amparo interpuesto para reclamar la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, Greenpeace México obtuvo una suspensión definitiva de algunas partes de ese programa.
El juez del caso tuvo como primera impresión que, en el programa sectorial se prioriza el empleo de energías convencionales en detrimento de las renovables. Y tiene claro que éstas permiten mejorar la calidad de vida de las personas, proteger su salud y cuidar el medio ambiente. No le pareció que suspender para ciertos efectos tal programa, comprometa la seguridad energética del país, el suministro de energía eléctrica o el desarrollo sustentable de México. Compartimos su sentir.
Por lo menos, de entrada, el juez también comparte nuestro enfoque. No es viable jurídicamente condicionar el uso de fuentes renovables en la transición energética por la apuesta de este gobierno a los combustibles fósiles. La riqueza de México es amplia, pero no por ello, la visión de su desarrollo sin considerar los objetivos sustentables, compagina con nuestra Constitución. Como la prioridad la tienen nuestros derechos, aquel programa quedó suspendido.
No solo por respeto a esos derechos, sino también a los compromisos internacionales como los suscritos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Así se consideró para dictar la suspensión del caso, pues para el juez, al menos preliminarmente, dicho programa nos aleja de su cumplimiento; al limitar el uso de fuentes renovables de energía y priorizar el empleo de combustibles fósiles, como con el “aprovechamiento” del combustóleo para generar electricidad.
Y es que ni siquiera existen evidencias que permitan asegurar que este gobierno evaluó los riesgos ambientales que se podrían ocasionar con su Programa Sectorial de Energía. Por todo ello, quedaron suspendidas varias de sus secciones en las que se enuncian objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales; en todo lo que se oponga al fomento del empleo de energías renovables, y a la disminución de contaminantes en el sector energético de México.
Lo que toca ahora es vigilar que se acate la orden judicial de suspensión. Todas las autoridades del sector energético, incluida la Secretaría de Energía, están obligadas a cumplir con la suspensión concedida a Greenpeace. Lo cual no solo beneficia a la organización, sino a toda la población; porque esa suspensión no se limita para el caso concreto, sino que extiende sus efectos de modo general.
Hoy nos otorgaron la suspensión definitiva contra el acuerdo y la política en generación de energía eléctrica, y aunque es un buen paso necesitamos seguir presionando para que México transite a energías renovables.
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— Greenpeace México (@greenpeacemx) June 25, 2020
Un amparo que inspire a otros
En cualquier escenario que resulte, la estrategia judicial emprendida desde Greenpeace México también avanzará con otros casos; con los que la aplicación y consecuencias del Programa Sectorial de Energía están más aterrizadas, en los que se notan todavía más sus carencias.
Resumiendo en una frase, en las que es más notorio que tal programa es inadecuado porque busca primero beneficiar al gobierno y a las empresas productivas del estado que hoy controla; antes que a la población, las comunidades locales y el medio ambiente para nuestras generaciones futuras.
Son altas las probabilidades de que este tipo de juicios climáticos hoy iniciados, lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ella se espera una justicia sin precedentes nacionales, pero con la mira puesta en los esfuerzos y experiencias que en otras latitudes van dándose. Tenemos un solo mundo y muy poco tiempo para hacer lo necesario para salvarlo. Por lo mismo, todas las miradas conscientes estarán pendientes de sus fallos, pues nos implican por igual.
Quizá, incluso cuando la noticia de este nuevo litigio se expanda, conoceremos de otros tantos juicios interpuestos. Porque a diferencia de lo sucedido con la Política de Confiabilidad, y el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía; no se ha escuchado mucho de otras acciones judiciales en contra del Programa Sectorial de Energía 2020-2024.
Y sería muy importante que algo pudiera inspirar nuestro amparo, porque este programa es la base de toda la política energética nacional. Esa sería una gran victoria para Greenpeace. Que más gente se nos una en la defensa de nuestra casa común, nuestro medio ambiente, para hoy, para siempre.
Lo mismo se podría decir del criterio empleado por el juzgado que otorgó la suspensión: que ojalá sirva de ejemplo. Pero ahí el escenario es más complejo. Lamentablemente, entre los órganos de amparo del poder judicial federal, no existe un compromiso único con su rol de garantes de los derechos humanos.
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