La actividad regulatoria del Estado tiene un impacto directo e inmediato en el mundo corporativo
Roberto Martínez Espinosa
Socio fundador de Alcius Advisory Group
La regulación es el medio de que se valen los estados modernos para lograr que las relaciones económicas que se realizan en ciertos mercados y actividades contribuyan al interés general y al crecimiento económico.
De hecho, los vínculos entre crecimiento económico y regulación son generalmente aceptados y han sido expuestos en una gran cantidad de análisis económicos y académicos que evidencian a la calidad de la regulación como causa de crecimiento o deterioro económico.
Cuando hablamos de este omnipresente fenómeno nos referimos a un complejo entramado de actividades llevadas a cabo por diversas entidades públicas, que básicamente comprende la producción de normas aplicables a un determinado sector o actividad, además de su desarrollo, supervisión y sanción. Se trata de una función pública que se realiza en el mundo del derecho, particularmente constitucional y administrativo, pero que no se limita a la categoría de fenómeno jurídico. Por su
contenido y finalidad es también y principalmente una función económica y de política pública. De allí buena parte de su complejidad.
La actividad regulatoria del Estado tiene un impacto directo e inmediato en el mundo corporativo. Las empresas, como agentes económicos sujetos a regulación, se ven obligadas a adaptar sus estructuras corporativas y su operación y actividad a las exigencias regulatorias. Pero también estas últimas se ven impactadas por las prácticas de los agentes económicos que, cuando no son percibidas de la mejor manera, tienden a propiciar un incremento en la cantidad y calidad de la regulación.
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Se trata entonces de un proceso dinámico cuyos resultados y efectos retroalimentan la adopción, modificación, o eliminación de reglas, medidas y políticas. Además, no está exento de costos. Desde la perspectiva del regulador, la intensa actividad legislativa y administrativa requerida, incluyendo entidades dotadas de la capacidad técnica y del personal calificado suficiente no es, ni remotamente, gratuita. Desde la óptica del regulado, adecuar sus procesos económicos y sus estructuras corporativas a las exigencias de una regulación creciente en calidad y complejidad, también resulta costosa. De allí el reto de mejorar su eficacia y eficiencia, de manera que los objetivos se logren con las menores cargas y costos posibles para ambas partes.
Además de su eficacia y eficiencia, la calidad de la regulación tiene que ver con el grado de independencia y autonomía de los reguladores. De allí que la captura de estos por intereses económicos, políticos, o ideológicos sea contraria a su finalidad y tienda a socavar sus resultados.
Se regulan actividades lícitas que funcionan mejor cuando las reglas operan de manera transparente y uniforme, bajo un régimen de derechos, no de privilegios, respecto de todos los agentes económicos, públicos o privados, involucrados.
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No sólo la actividad de los agentes económicos está sometida a exigencias, sino también la de los reguladores. Estos últimos deben ser responsables y rendir cuentas de sus actos, lo que implica respetar el debido proceso y moverse dentro de su marco de atribuciones. De igual manera, deben ser transparentes y consistentes, lo que significa actuar bajo motivaciones claras y justificadas, y reglas aplicadas de manera uniforme.
Estas breves notas no pretenden desarrollar los elementos, ni los indicadores de calidad regulatoria. Se limitan a mostrar algunos de sus requerimientos clave, con el propósito de ilustrar que las reglas relativas a una actividad y la manera como se aplican no son inocuas.
Sus consecuencias no impactan escenarios teóricos o ideológicos, sino el mundo real de las relaciones y el crecimiento económicos. Una mala política regulatoria es contraria al interés público y al bienestar general por su impacto negativo y potencialmente devastador sobre la realidad económica y, por consecuencia, sobre la vida de las personas.
