En las primeras horas del 3 de enero de 2026, una intervención militar de gran escala ejecutada por Estados Unidos culminó en la captura del primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. El hecho fue confirmado por el presidente Donald Trump, quien aseveró que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques coordinados en diversos puntos del territorio venezolano.
La operación incluyó bombardeos estratégicos en puntos clave de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según testigos y reportes periodísticos, se registraron potentes explosiones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura, lo que provocó cortes de energía eléctrica en varias zonas de la capital venezolana.
El mandatario estadounidense describió la detención como una acción “quirúrgica” y “poderosa”, realizada en una residencia privada que contaba con medidas de seguridad extremas; calificándola más como una “fortaleza” que como una vivienda común. Tras su captura, Maduro y Flores fueron trasladados fuera de Venezuela mediante aeronaves militares.
Cargos judiciales en Nueva York
El objetivo del traslado es presentar a los detenidos ante la justicia en Nueva York. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, detalló que el líder venezolano enfrenta cargos sumamente graves, entre los que destacan narcoterrorismo (se señala a Maduro como el líder del Cártel de los Soles), conspiración para importar cocaína y posesión de armamento destructivo; asegurando que enfrentarán “toda la ira de la justicia estadounidense”.
Por su parte, el gobierno venezolano reaccionó denunciando estos hechos como una “agresión militar” unilateral y un secuestro ilegal de su máximo mandatario. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió de inmediato una “prueba de vida” del matrimonio y ordenó a las fuerzas armadas y de seguridad mantenerse en alerta máxima, mientras se declaraba un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio.
Asimismo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la población a mantener la calma y no caer en el desespero ante lo que calificó como una invasión enemiga. El oficialismo venezolano insistió en que este intento de forzar un cambio de régimen mediante una “guerra colonial” está destinado al fracaso.
Condena internacional y llamados al diálogo
El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, rechazó de manera enérgica el uso de la fuerza militar y urgió a la ONU a intervenir de inmediato para desescalar la situación. La administración mexicana advirtió que cualquier acción bélica extranjera pone en grave riesgo la estabilidad de la región, la cual debe ser preservada como una zona de paz basada en el respeto mutuo y el derecho internacional.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
En el ámbito global, Rusia y China manifestaron su profunda alarma por la violación de la soberanía venezolana y lo que calificaron como un comportamiento hegemónico por parte de Washington. Moscú demandó una aclaración inmediata sobre el paradero exacto de Maduro, mientras que Pekín calificó la intervención como una amenaza directa a la seguridad en América Latina y el Caribe.
Interés estratégico en las reservas mundiales de crudo
Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha manifestado abiertamente la intención de que Estados Unidos se involucre de manera directa en la industria petrolera de Venezuela. Esta intención se fundamenta en el enorme valor estratégico del país caribeño, el cual posee cerca del 17 % de las reservas de crudo a nivel mundial. Según datos del Instituto de Energía en Londres, Venezuela cuenta con aproximadamente 303 mil millones de barriles; una cifra que la posiciona incluso por encima de potencias energéticas como Arabia Saudita.
Resulta relevante destacar que, apenas un día antes de la intervención militar, el propio Maduro había expresado su disposición a entablar un diálogo con Washington centrado específicamente en el tema del petróleo y el combate al narcotráfico. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con la ofensiva estadounidense, la cual ahora busca tomar un rol activo en la gestión de los recursos naturales del país suramericano tras la remoción del liderazgo anterior. Este interés por el sector energético se enmarca en una estrategia de control regional que pretende capitalizar la nueva situación política tras años de sanciones económicas y tensiones diplomáticas.
El debate sobre la sucesión presidencial
Ante la ausencia forzada del mandatario, se ha activado un intenso debate sobre la sucesión presidencial conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los artículos 233 y 234 de la Carta Magna establecen mecanismos para tratar tanto las faltas temporales como las absolutas. En el escenario actual, la vicepresidenta Delcy Rodríguez es la figura constitucionalmente llamada para ocupar la presidencia.
Si la detención se interpreta como una falta absoluta durante los primeros cuatro años del mandato, se deberán convocar elecciones en un plazo de 30 días; si se considera una falta temporal, la vicepresidenta puede asumir funciones hasta por 90 días, prorrogables por un periodo igual.
La reacción en Colombia mostró una marcada división entre sus líderes. Mientras el presidente Gustavo Petro expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones y la actividad aérea inusual, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque celebraron la captura del líder chavista. Uribe justificó la acción como una medida de legítima defensa frente a un régimen que ha servido como corredor para el narcotráfico, mientras que Duque la calificó como un “deber moral” para restaurar la democracia.
Este acontecimiento representa un hito sin precedentes en la historia contemporánea y plantea desafíos críticos para la gobernanza futura de Venezuela. La comunidad internacional permanece expectante ante el desarrollo de los planes de movilización social en territorio venezolano y las próximas comparecencias judiciales en suelo estadounidense.
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