La alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, vigente desde 2017, enfrenta una amenaza que preocupa tanto a la industria aérea como a la economía de México y Estados Unidos. Esta colaboración ha permitido operar rutas conjuntas, coordinar precios y optimizar frecuencias, beneficiando a pasajeros y aerolíneas por igual.
No obstante, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha manifestado su intención de poner fin a esta cooperación; argumentando que México no ha cumplido con ciertos compromisos del acuerdo bilateral aéreo. En particular, el principal conflicto radica en la gestión de los horarios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en la reubicación de operaciones de carga hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Estados Unidos sostiene que estas acciones han limitado la capacidad y el acceso para sus aerolíneas, afectando la competencia en el mercado transfronterizo.
Como consecuencia, el DOT evalúa retirar la inmunidad antimonopolio que protege la alianza entre Aeroméxico y Delta, lo que implicaría el fin del acuerdo y la suspensión de la cooperación comercial en rutas clave. Este desenlace tendría un fuerte impacto en la conectividad aérea entre ambos países, un corredor internacional muy transitado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha expresado su preocupación por las posibles pérdidas de empleo; la disminución en el desarrollo de negocios y las afectaciones en las cadenas de suministro. La alianza ha sido un motor para ofrecer precios competitivos, mayor variedad y calidad en opciones de viaje, además de beneficios ambientales gracias a la mayor eficiencia operativa y reducción de emisiones de CO2 por pasajero.
Desde su establecimiento, esta cooperación ha impulsado nuevas rutas y elevó la capacidad de vuelos un 22%, fortaleciendo la competencia frente a otros grandes jugadores como American Airlines, United y Volaris. Aeroméxico y Delta advierten que la eliminación del acuerdo aumentaría los costos para los consumidores; afectando principalmente a pasajeros frecuentes y a sectores económicos ligados al turismo y comercio bilateral.
Ambas aerolíneas han solicitado al DOT extender el plazo de respuesta sobre la posible revocación de la inmunidad antimonopolio hasta marzo de 2026, intentando ganar tiempo para negociar y defender su colaboración. Líderes del sector y asociaciones como ALTA instan a que las autoridades de ambos países analicen la situación con criterios de estabilidad y previsibilidad regulatoria, bases clave para la planificación estratégica del sector.
Impacto para el sector aéreo bilateral
Esta controversia refleja un choque más amplio entre la regulación mexicana y las políticas estadounidenses en el ámbito aéreo, con efectos que trascienden las dos aerolíneas involucradas. La resolución del DOT definirá no solo la continuidad de esta alianza, sino también el futuro de la competitividad y conectividad entre dos naciones históricamente integradas por un intenso intercambio económico y social.
Si la ruptura se concreta, el sector aéreo deberá enfrentar una reducción significativa en vuelos, ajustes en los horarios y la búsqueda de nuevas estrategias para mantener rutas y la calidad del servicio. Mientras tanto, la industria y los usuarios esperan que el diálogo se imponga para evitar consecuencias negativas sobre la movilidad; el empleo y el desarrollo económico derivado de la estrecha relación México-Estados Unidos.
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