Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- México necesita orientar la política anticorrupción hacia la sanción efectiva, el desmantelamiento de redes de corrupción y la recuperación de activos para que comience a mejorar en su ubicación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y ser el peor calificado por la OCDE, señaló Eduardo Bohórquez director de Transparencia Mexicana.
CEOs mexicanos coinciden con este planteamiento, de acuerdo con una encuesta sobre el tema de Oxford Business Group, cuyo objetivo es conocer en detalle la opinión de los líderes mexicanos, directivos de empresas y organismos públicos de los sectores más importantes de la economía mexicana.
Los resultados reflejan que gran parte considera que una mayor transparencia digital de la información pública (26%), y la educación y fortalecimiento de los códigos éticos profesionales (25%), serían las medidas más eficaces para abordar la corrupción en México.
La encuesta solo permitía elegir una opción y estaba compuesta de varias opciones ya elaboradas y una opción en la que las personas encuestadas podían sugerir otra respuesta. Estos resultados, según director de Transparencia Mexicana, responden al fenómeno de deseabilidad social, es decir, los encuestados prefieren responder dentro de la norma, de lo socialmente aceptable.
En un segundo bloque, relacionado con el fortalecimiento democrático y el estado de derecho, donde la consolidación todavía es cuestionada tanto desde organizaciones civiles como desde el sector privado, las respuestas reflejan que los CEOs consideran como posibles soluciones al problema la mayor independencia y potenciación de las instituciones públicas (14%), más jueces y recursos judiciales contra la corrupción (12%), y la aplicación estricta de la ley (11%).
En palabras de Bohórquez, “estas respuestas son las más interesantes, ya que están menos basadas en valores sociales compartidos –como las primeras-, y expresan una preocupación manifiesta sobre los niveles de corrupción en el país y la necesidad de cambio que ha venido exigiendo la ciudadanía en los últimos años.”
La quinta respuesta más votada es también sorprendente y muy reveladora ya que “por un lado, corrupción, impunidad y estado de derecho van de la mano, y, por otro, al ser una respuesta que no estaba originalmente entre las opciones, ejemplifica la mayor conciencia de los mexicanos sobre la corrupción y un creciente grado de inconformidad con las medidas implementadas en el país.”
Para comprender estos resultados es importante recordar el contexto del país. En 2018, con el 53% de los votos y el apoyo de una gran masa social desencantada con la clase política mexicana, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del país.
Abordar la corrupción fue bandera de su campaña, pero también de todos los candidatos en los últimos años, algo que responde a una demanda ciudadana para que los políticos tomen las necesarias medidas para acabar con uno de los problemas más endémicos del país.
Según el último informe de Transparencia Internacional, México cayó tres lugares en el IPC 2018, pasando del 135 al 138 de 180 a nivel global y situándose como el peor calificado entre los miembros de la OCDE.
México es un país donde seis de cada diez ciudadanos creen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción; donde hay cuatro jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que la región promedia 8 jueces por cada 100,000 habitantes; donde solo se invierte 1 punto del Producto Interior Bruto (PIB) en justicia y seguridad, cuando en los países de la OCDE se invierten 4 puntos; y donde la corrupción tiene un coste económico de 10 puntos del PIB.
La percepción de que la corrupción tiene efectos multilaterales y está extendida en todos los ámbitos de la vida pública, política y económica del país, puede llevar a pensar que las soluciones también deben aplicarse en los diferentes niveles políticos y estratos socioeconómicos.
De hecho, en una reciente entrevista con OBG, César Emiliano Hernández Ochoa, comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) dijo que “la siguiente frontera de la mejora regulatoria está en los niveles locales de gobierno, a nivel estatal y nivel local.”
“Allí es donde los empresarios a veces enfrentan espacios de opacidad, de corrupción, de dificultad para obtener licencias que pueden ser para la operación de una empresa, para la construcción de unas instalaciones, para la instalación de infraestructura que necesitan para desarrollar sus negocios”.
