Ciudad de México (Daniela Flores Ramírez* / Expertos / Energía Hoy).- En los últimos años, el gas natural ha consolidado su papel como un combustible relevante para el país, además se espera que en los próximos años su consumo se incremente en distintos sectores. Sin embargo, como se expondrá a lo largo de este escrito, a pesar de las acciones implementadas, en los últimos años, en términos de política pública, regulación e infraestructura, este combustible, no ha permeado a los sectores más relevantes para el ciudadano común y corriente.
El sector eléctrico ha sido el principal impulsor de la demanda de gas natural en los últimos años. Este impulso se ha dado principalmente por las políticas de la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en: (1) conversión de plantas a ciclo combinado y (2) sustitución de combustibles caros y de mayores emisiones por gas natural. Durante 2017, la generación eléctrica representó el 50% del consumo. En los últimos años (2007-2017), la demanda de gas natural en el sector eléctrico se ha incrementado en un 46%, además se espera que para 2032 llegue a 5.2 billones de pies cúbicos representando un aumento del 40%.[1]
Por su parte, el sector petrolero, como segundo mayor consumidor, utiliza el gas natural de distintas maneras, en el área de exploración y producción se utiliza para bombeo neumático para asistir en una mayor recuperación de crudo, además se emplea como materia prima en las actividades de transformación industrial para obtener otros productos y por último, como combustible en las actividades de cogeneración. Durante 2017, este sector representó el 26.4% del consumo, equivalente a 2,012 millones de pies cúbicos diarios; para los próximos años, no se espera mayor variación en el consumo de gas natural por parte de este sector, esto se debe a la incertidumbre respecto a la producción crudo por parte de Petróleos Mexicanos.[2]
Por último, el sector industrial es el tercer mayor consumidor de gas natural en el país, consumiendo el 21.1% de la disponibilidad, equivalente a 1,604.5 millones de pies cúbicos diarios. Así como el sector petrolero, este sector utiliza el gas natural tanto como materia prima para la obtención de otros productos (por ejemplo, la petroquímica) y como combustible para realizar los procesos industriales.[3]
Como se observa, estos tres sectores abarcan el 97.5% de la demanda de gas natural en el país, dejando el restante 2.5% para los sectores residenciales, de servicios y transporte. Los dos primeros han un tenido un consumo predominante de gas licuado de petróleo (gas L.P.) para sus actividades de cocción de alimentos y calefacción, mientras que el sector transporte se ha enfocado en el uso de gasolinas y diésel.
Entonces, ¿cómo es que se da esta disparidad de uso de gas natural entre los sectores?. Es evidente que existe los consumos de los sectores eléctrico o industrial son mucho mayores en comparación al residencial o de transporte. Sin embargo, en aquellos lugares donde se tiene una cobertura de gas natural (impulsada por el sector eléctrico o industrial), deberíamos observar una mayor utilización de este combustible en los sectores residencial y de transporte. Al respecto, a continuación estaremos recapitulando sobre lo que se ha hecho en materia de infraestructura y regulación de gas natural y que es lo que ha faltado en cada uno de estos ámbitos para que más sectores, sobre todo aquellos más cercanos a los ciudadanos se vean beneficiados.
En términos de infraestructura, desde 2012 se realizaron inversiones significativas, se incrementó la red de gasoductos en un 51%, al pasar de 11,347 kilómetros a 17,210 kilómetros al cierre de 2019. [4] La nueva red fortalece el abastecimiento de gas natural en el país, sobre todo en los Estados del noroeste como Sonora y Sinaloa, así como en los Estados del bajío en especial Aguascalientes y Zacatecas. De los proyectos que iniciaron en 2012, únicamente quedan cuatro gasoductos pendientes de iniciar operación, el Samalayuca–Sásabe de la empresa Carso, el Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara de TransCanada, el Tuxpan–Tula y el Tula–Villa de Reyes de la empresa Fermaca.
Recientemente, la administración actual consiguió una renegociación de los contratos con la mayoría de las empresas que están operando o construyendo los gasoductos, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, se redujo la tarifa en un 27% en promedio, logrando ahorros por $4,500 millones de dólares. A cambio de la reducción en tarifa, se amplió la extensión de los contratos y en algunos casos, se incrementó el volumen a transportar.
Esta infraestructura permite que México tenga una capacidad de importación aproximada de once billones de pies cúbicos diarios a través de más de veinte puntos de interconexión con Estados Unidos. Además, los nuevos puntos de importación permiten obtener gas natural de una de las cuencas de mayor oferta y menor precio en Estados Unidos, la cuenca de Permian.
La infraestructura de transporte es esencial para que el gas natural llegue a todos los sectores. Este tipo de gasoductos, por su tamaño y extensión son los que transportan el combustible desde los puntos de producción o importación hasta los centros de consumo. Sin embargo, para que sectores como el residencial o de transporte puedan tener acceso al gas natural son necesarias las redes de distribución (gasoductos de menor tamaño).
En ese sentido, vale la pena abordar rápidamente la regulación en torno a la distribución de gas natural. Antes de la reforma del 2013, los permisos de distribución de gas natural se otorgaban a una zona geográfica específica y definida (ciudad, localidades o conjunto de localidades), donde además se le concedía al permisionario la exclusividad de prestación del servicio sobre esa área por un tiempo limitado, los primeros fueron de 5 años y los posteriores de 12 años. Sin embargo, la regulación vigente al día de hoy, establece que no existe exclusividad en las zonas geográficas de distribución, por lo anterior la Comisión Reguladora de Energía determinó la creación de una única zona de distribución que cubre la totalidad del país. La no exclusividad permite que cualquier interesado pueda invertir en redes de distribución, además que en caso de requerir el uso de la infraestructura de distribución de otro permisionario, éste esta obligado a otorgar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a otro permisionario.
De acuerdo con estudios[5] realizados por la Secretaría de Energía, las zonas geográficas de distribución han tenido resultados diversos respecto al grado de cumplimiento en sus metas de cobertura. En promedio, para el quinto año de operaciones la cobertura promedio alcanzó apenas el 42% de lo comprometido, la cobertura máxima fue de 129% y la mínima de 2%. El estudio observa que aquellas zonas geográficas que alcanzó mayor cobertura fueron aquellas del norte, cuyos climas extremos y cercanía con Estados Unidos los tiene más acostumbrados al uso de este combustible en el sector residencial, por lo que la expansión de redes es común. Asimismo, se estima que existe un potencial superior a los once millones de usuarios – en las regiones donde existen redes de distribución en operación – de los cuales solo se ha cubierto el 16%. Al día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 61 permisos de distribución por medio de ducto, de los cuales únicamente 43 están operando.
Existen muchas razones por las cuales las redes de distribución de gas natural no prosperan. En primer lugar, a nivel local la regulación aplicable para los permisionarios que pretenden instalar redes de distribución es completamente distinta de un municipio a otro, así como los pagos de derechos y criterios utilizados por la autoridad para otorgar permisos. Por otro lado, hace falta una coordinación entre las distintas autoridades a nivel federal – Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos – para llevar a cabo una política pública que tenga como objetivo la gasificación de los sectores residenciales y promover el uso del gas natural vehicular, y que además, promueva una coordinación con las autoridades estatales y municipales para el otorgamiento de permisos.
Además, la regulación aplicable a la actividad de distribución no ha sido actualizada en los últimos años, por ejemplo, la última regulación tarifaria es la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural DIR-GAS-001-2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007, es decir, las reglas aplicables a la determinación de las tarifas lleva más de 10 años sin actualización.
Por otro lado, la regulación más actual que se emitió en materia de distribución de gas natural fueron las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de protección al usuario final de bajo consumo de gas natural. Estas disposiciones tienen por objeto establecer la regulación a la que deberán sujetarse los comercializadores y los distribuidores que enajenen gas natural a usuarios de bajo consumo, entendido éste al que tiene un consumo máximo anual de cinco mil gigajoules. En particular establece medidas como: (1) la presentación del modelo de contrato de servicio para su aprobación – mismo que una vez aprobado debe inscribirse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, (2) desagregar el precio del producto entregado y describir de manera clara el valor unitario de los conceptos incluidos, tales como el precio de adquisición del gas natural, el costo de transporte, almacenamiento, distribución, impuestos, margen de comercialización y cualquier otro concepto aplicable, (3) tener un servicio gratuito y permanente para la recepción y atención de quejas, entre otros.
Al respecto, cabe destacar que las disposiciones anteriores estuvieron en consulta pública al mismo tiempo que un proyecto de Disposiciones administrativas de carácter general en materia de prestación de los servicios de distribución por ducto de gas natural. Estas disposiciones tenían congruencia entre ellas y buscaban incentivar la cobertura de gas natural en el sector residencial. Sin embargo, las Disposiciones de distribución nunca llegaron a publicarse.
Respecto al uso de gas natural vehicular, al día de hoy, la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 59 permisos, de los cuales 48 se encuentran en operación. De acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría de Energía, aún existe mucho desconocimiento respecto a este producto, el público en general y las autoridades consideraban que la instalación de estaciones de servicio de gas natural resultaba peligroso. Por otro lado, cuando Petróleos Mexicanos tenía control sobre todas las franquicias de gasolina y diésel, no se permitía la operación de estaciones de servicios multimodales. Sin embargo, la regulación vigente permite la instalación de estaciones de servicio multimodales, por lo que el ambiente regulatorio es beneficioso para la instalación de estaciones de gas natural vehicular.
Las ventajas de utilizar gas natural en el sector residencial y de transporte se puede analizar desde el punto de vista económico, siendo que el gas natural se ha caracterizado por ser de los combustibles más económicos. Particularmente, desde punto de vista económico, el uso de este combustible es más barato que el gas LP o la gasolina y el diésel. En comparación con el gas LP, el gas natural residencial es aproximadamente 2 veces más barato. Mientras que contra la gasolina y el diésel el gas natural vehicular puede ser de 2 a 2.5 más barato.
Sin embargo, en cuestión del precio se debe tomar en cuenta el costo de sustitución. Hoy en día la mayor parte de las residencias y los automóviles están diseñados para el uso de gas LP y gasolinas o diésel, respectivamente. Por lo tanto, hoy en día, cualquier cambio requiere una inversión por parte del usuario. Si bien los costos pueden ser variables, la conversión de gas LP a gas natural puede rondar entre los $5 mil y $7 mil pesos, dependiendo de las adecuaciones que se tengan que realizar. Actualmente son limitadas las compañías en México que fabrican autos para uso de gas natural vehicular, sin embargo, los costos de conversión de gasolina o diésel a gas natural vehicular o uso mixto (gas natural y gasolina o diésel) se han vuelto cada vez más accesibles. Para un auto ligero, el costo ronda entre los $35,000 a $45,000 pesos, por ejemplo, si éste fuera un taxi o un Uber o similares, el usuario podría estar recuperando el costo entre 6-8 meses, considerando el ahorro en combustible.
En ese sentido, hace falta mucho por hacer en términos regulatorios y de política pública para aprovechar el gas natural en estos sector. La inversión en infraestructura se encuentra avanzada, y aunque aún faltan Estados en el país por cubrir, como Oaxaca, o fortalecer la infraestructura actual como en el caso de la Península de Yucatán, hay muchas localidades que ya cuentan con la infraestructura y no se aprovecha en su totalidad, tanto infraestructura de transporte como de distribución.
En primer lugar, es necesario sentar las bases regulatorias acordes al estatus actual del mercado de gas natural. La mayor parte de las regulaciones llevan muchos años sin actualización, en especial las que indican las metodologías tarifarias así como las disposiciones para llevar a cabo la actividad de distribución de gas natural. En materia de la Comisión Reguladora de Energía, también es importante el tema de la información. Actualmente es difícil conocer la cobertura de las redes de distribución actuales, los precios al usuario final, cuánto gas natural se distribuye, entre otros. Esta información forma parte de las obligaciones de los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía y podría darla a conocer a todos los jugadores, incluidos los usuarios.
Asimismo, otro jugador relevante en temas regulatorios, en particular aquellos a nivel local, es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, quien como parte de sus objetivos y actividades podría apoyar en la homologación de requisitos y criterios para el otorgamiento de permisos a nivel local.
Por otro lado, el rol de la Comisión Federal de Electricidad es fundamental para lograr un mayor uso de este combustible en los sectores residencial y de transporte. Como se mencionó anteriormente, la Comisión renegoció los contratos de transporte, obteniendo en algunos casos una extensión de tiempo o mayor volumen en otros. Sin embargo, aún no queda claro como esos volúmenes se repartirán entre los posibles usuarios una vez que la Comisión asegure el combustible para sus centrales.
Por último, la Secretaría de Energía, como cabeza de sector es quien debe definir una política pública para que los demás actores tengan una línea que seguir en cuanto al desarrollo de la actividad de distribución de gas natural.
El gas natural continuará siendo un combustible de suma relevancia para el país, en materia de electricidad, continuará esta tendencia. Por su parte el sector industrial ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de contar con más combustible. Sin embargo, los beneficios de este combustible deben ser accesibles para todos los sectores, en especial el sector residencial y de transporte. Entre más usuarios tengan acceso al gas natural, sus ahorros podrán ser utilizados para otros fines, pudiendo abonar así, toda proporción guardada, al bienestar del país.
[1] Prospectiva de gas natural 2017 – 2032. SENER
[2] Prospectiva de gas natural 2017 – 2032. SENER
[3] Prospectiva de gas natural 2017 – 2032. SENER
[4] Prontuario de gas natural, octubre 2019. SENER
[5] Estudio para determinar elementos clave de la Política Pública de distribución de gas natural. SENER
*Daniela Flores Ramírez
Talanza Energy
Titular del área de Midstream & Downstream
daniela.flores@talanza.energy
Responsable del equipo de midstream y downstream en Talanza. Especialista en el análisis de los mercados de gas natural y petrolíferos, así como en la implementación de procesos para garantizar el cumplimiento regulatorio, además de la revisión de la oferta, demanda e infraestructura para cada uno de los proyectos potenciales.
