La nueva ley impone las decisiones de desafuero del Congreso federal en funcionarios estatales y posibilita la acción penal contra el presidente de México
La fracción parlamentaria de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por la cual se avala la acción penal contra el primer mandatario del país en caso de que este cometa algún delito. Además, mandata a los congresos locales a no desestimar los desafueros de funcionarios impuestos por el Congreso Federal.
La discusión en torno hasta nueva ley se prolongó por ocho horas durante la primera sesión de la LXV Legislatura, para finalmente obtener 266 votos a favor y 205 en contra y así lograr avanzar el debate al Senado de la República. Los partidos políticos que votaron en contra fueron el PAN, PRI, PRD y MC; con el argumento de que se trata una ley aprobada por consigna, para vigorizar la persecución política con “venganza y revanchismo” de la actual administración contra sus opositores.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con cambios, proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.https://t.co/5ulrK47Jup
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2021
Así, la Cámara de Diputados dio visto bueno a la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución; con la desaparición de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma que, de acuerdo con los legisladores de Morena, es obsoleta y ambigua.
En este sentido, los funcionarios partidarios de la 4T indicaron que, con esta nueva ley se evitarán casos de improcedencia sobre desafueros de funcionarios estatales; como el caso específico del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien en su momento se le señaló en delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
Generalidades de la nueva ley
La nueva ley dictamina que el presidente de México puede tener imputación y juicio por la comisión de delitos, como cualquier ciudadano; incluyendo casos de corrupción, traición a la patria y transgresiones electorales.
Asimismo, los juicios políticos solo podrán efectuarse en el periodo en que el servidor público ejerza funciones; y de uno a siete años después de la conclusión de estas. Adicionalmente, las sanciones de inhabilitación de funciones quedan en un mínimo de 10 años y en un máximo de 30 años.
Por otra parte, en la nueva ley se plantea que la Sección Instructora de la Cámara Baja que avala la procedencia de los desafueros, se desligue del orden de prelación de las solicitudes de los juicios; con la añadidura de un integrante más (ahora serán cinco) para no dar pie a decisiones con empate.
No obstante, la nueva ley integra también una reserva del PT. Esta propone que todo juicio sea presencial, que no se exima la presunción de inocencia; y que para proceder contra senadores se necesite de una mayoría calificada.
Al respecto, los diputados de oposición señalaron que las reservas de esta ley blindan al presidente López Obrador, ya que para imputarle cargos se requerirá de una votación de al menos dos terceras partes del Senado.
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