De acuerdo con un reciente informe de Global Witness, México es el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas cada mes, con un total de 54 asesinatos en 2021, frente a los 30 asesinatos registrados el año anterior. Más del 40% eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui
Ali Hines, quien es la autora principal del informe comenta:
“En México, el año pasado tuvimos cuatro matanzas o masacres. Eso transmite un efecto escalofriante”.
En su opinión, nadie en México que esté en movimientos en pro del ambiente está a salvo.
Hines señala que los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia.
México, tres años consecutivos
Por tercer año consecutivo, Global Witness documentó un aumento en los ataques letales en México: 54 personas defensoras fueron asesinadas en 2021, casi la mitad de ellas indígenas. Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales.
Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.
En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021.
Las desapariciones forzadas son frecuentes: Global Witness registró 19 en 2021. Las llevan a cabo funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados, y tienen un efecto escalofriante en las familias y las comunidades.
Proyectos extractivos sombríos
Los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras, respaldados por el gobierno mexicano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de consultas adecuadas con las comunidades potencialmente afectadas y los ataques posteriores a quienes se oponen a los proyectos emblemáticos.
La Comisión ha advertido la criminalización y las campañas de desprestigio como amenazas perjudiciales contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en México.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha expresado su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en este contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.
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