El grupo de accionistas minoritarios de la compañía Suave y Fácil (CV Directo), integrado por Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo, denuncia juicio simulado y posible fraude perpetrado por el grupo mayoritario, con respecto a la venta de la empresa.
El grupo de accionistas señalado, conformado por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan, estarían en contubernio con el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX; propiamente con la juez titular del Juzgado Noveno Civil, Magdalena Malpica Cervantes.
A decir de los accionistas presuntamente afectados, la sociedad entre ambos grupos siempre se efectuó con “cierta opacidad, pero con confianza entre socios”. Sin embargo, a fines de 2022, los hoy demandantes argumentan haber identificado faltantes y gastos irregulares por parte de los administradores (gastos personales, honorarios de terceros y cobro de emolumentos, prohibidos por estatutos); desfalcos que alcanzarían la cifra de 650 millones de pesos. En consecuencia, se inició un proceso de venta de CV Directo.
“Ya en el proceso de venta, tuvimos conocimiento de que los Epelstein obtuvieron créditos de BBVA y Cibanco con cargo a la empresa; y que el dinero obtenido por los mismos se distrajo en su beneficio personal. Mostrando buena fe, el grupo minoritario estaba de acuerdo en comprar o vender las acciones a un mismo precio, mientras que los Epelstein, por el contrario, ofrecieron un precio de compra por acción 60% abajo del precio en el que estarían dispuestos vender”, señala el grupo minoritario de accionistas.
En este sentido, se señala que un grupo de jueces y de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, encabezados por el presidente del organismo, Rafael Guerra, tomaron ya partido en favor de la familia Epelstein; a través de “ordenes previas a juicio”, en las que, sin escuchar a los afectados y sin publicar resolución alguna, imponen cargas a los demandados que van desde el arresto, congelamiento de cuentas, suspensión de repartos, entre otras acciones.
“En el caso de CV Directo, la Juez Noveno de la Ciudad de México, recibió una demanda promovida por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan, el día 27 de abril de 2023 a las 11:23:57. En dicho juicio se señala como demandada a la empresa Suave y Fácil, pero en realidad es el mismo abogado (David Cohen Sacal) el que maneja tanto al actor como al demandado en un juicio simulado, en el que se emiten las ordenes en contra de Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo”, indican los hoy demandados, llegando ya inclusive a órdenes de arresto.
Cabe señalar que, la juez Magdalena Malpica Cervantes fue quien impuso la medida para que la UNAM no resolviera el tema del título de la Ministra Yazmin Esquivel Mossa.
De esta manera, en menos de 24 horas después de haber recibido la demanda, la Juez Malpica concedió las medidas precautorias, cuando ni siquiera había demanda alguna. Enseguida, la juez firmó el auto que admitió la demanda electrónicamente hasta las 14:04 hrs.; es decir, cuatro horas después de concedidas las medidas (09:50 hrs.). Además, antes de que se admitiera la demanda (14:04 hrs.), exactamente a las 11:45 hrs. del 28 de abril, se presentó una apoderada de Suave y Fácil en el Juzgado (obrando en contubernio, actor y demandado) y se notificó de una demanda que aún no había sido admitida.
Asimismo, ninguna de las resoluciones antes descritas fue publicada conforme a derecho.
“Una prueba más del fraude: las notificaciones de Suave y Fácil (demandado) en los amparos derivados del juicio las recibe el propio actor (Luis Epelstein). Más aún, es la empresa demandada quien ha pagado los honorarios del abogado del actor. El monto de honorarios es prueba de que no se está pagado un servicio jurídico normal. Suave y Fácil ha pagado al abogado de Luis Epelstein más de siete millones, lo cual constituye un evidente prevaricato además de un fraude”, indica el grupo minoritario de accionistas.
Ante la presente situación, que incluye órdenes de arresto contra los accionistas minoritarios, estos últimos acusan de ser presionados para vender sus acciones en un cuarenta por 40% por debajo de su valor.
“Nuestra única opción ha sido recurrir a instancias internacionales, presentando denuncias contra el Estado Mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se continuarán presentado denuncias en Estados Unidos con base en el FCPA (Foreing Corruption Practices Act). Sin embargo, estos procesos son lentos y es probable que cuando se resuelvan el daño a la empresa será irreversible”, advierten Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo.
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