Entre descalificaciones y mociones de silencio se llevó a cabo el quinto foro en el marco del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica
La Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es necesaria hoy en día; sin embargo, eso no significa que la Ley de la Industria Electrica (LIE) no deba mejorar; consideró Paolo Salerno, coordinador de Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México.
En el marco de su participación en el foro titulado El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional, que se llevó a cabo en el Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica; convocado por la Cámara de Diputados, el especialista en el sector afirmó que “cualquier mercado eléctrico en el mundo actualiza su regulación cada cinco a siete años”.
De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, el Estado ejerce el control de sistema operativo del Sistema Eléctrico Nacional; esto, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
En lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta tiene funciones exclusivas: prestar el servicio público de transmisión de energía, de distribución y garantizar la prestación del suministro eléctrico a los usuarios finales.
Estado debe recuperar el control
Por su parte, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, jefe de la oficina del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Linares consideró que la estrategia energética actual es un despojo del control energético que debe ser recuperado a través de la reforma propuesta.
“Dicen que con esta reforma, la Comisión Federal de Electricidad tendrá demasiado poder para fijar las tarifas, pero ¿Por qué deberíamos dar el poder a la Iniciativa Privada? Debemos recuperar la rectoría, el Estado debe ser el que garantice la distribución energética y no los privados; ello permitirá avanzar hacia una mejor economía, bienestar, soberanía y seguridad energética del país”, comentó.
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Manufactura y energía
Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) identificó cuatro aspectos fundamentales a mejorar en el sector energético para impulsar el manufacturero: aumento en la capacidad instalada, porque ya no es suficiente; necesario capitalizar la expansión industrial que tiene el país; concentración de inversión nacional debe ser en la distribución porque eso va a fortalecer a CFE; la posición de la CFE debe ser como distribuidor y tener reglas claras frente al Cenace y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); compromiso manifiesto con el medio ambiente; evitar la incertidumbre y finalmente, cuidar el impacto a las fianzas públicas.
El sector manufacturero se ha caracterizado por ser la clave en la inversión del país; constituye el 62% del PIB. “Si no tenemos constitucionalidad del sistema energético de México no podemos dar certeza ni a la inversion pública, ni privada”, comentó.
Con respecto al panel afirmó que el Estado debe preservar la sustentabilidad y eficiencia energética. Asimismo, CFE requiere un fortalecimiento en la parte económica para poder subsistir.
Mucho mercado y poco Estado
De acuerdo con el politólogo Juan Luis Hernández Avendaño en México, más allá del marco juridico y del diseño institucional, en la actualidad hay mucho mercado y poco Estado que además está capturado por grupos fácticos y élites políticas y económicas que se han eternizado en el poder y que lo han usado para hacer negocios particulares.
“La mercantilización de los bienes públicos ha generado sociedades desiguales y sociedades violentas”, dijo.
Además, el Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa por un esquema de mayor piso parejo a la hora de elaborar estructuras tarifarias en este México tan desigual.
“Somos muy desiguales y por eso necesitamos al Estado como constructor de bien público, para acercar a los sectores que han sido completamente excluidos del bienestar”, detalló.
Necesitamos que el Estado sea menos gerente de empresas trasnacionales encubiertas, que otorgue incentivos a las empresas para que inviertan en un esquema de ganar-ganar y necesitamos empresarios que entiendan que los negocios tambien tienen que beneficiar a la gente. “El Estado tiene que favorecer la transición energética y efectivamente tiene que generar con mayor transparencia y certidumbre”, comentó Hernández Avendaño.
Estado garante de derechos humanos
Por su parte, Julia González Romero, abogada en proyectos de infraestructura desarrolló un argumento basado en el derecho humano a un medio ambiente limpio.
“Es indiscutible que gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero resultan directamente de la generación de electricidad”, dijo.
De aprobarse la iniciativa de reforma, esta tendría diversas consecuencias ambientales como: amuento en las emisiones de dióxido de carbono, azufre y dióxido de nitrógeno.
Por su parte, el departamento de Energía de EU estima que las emisiones de carbono en México podrían dispararse hasta un 65%; si se aprueba la iniciativa.
“La inicitiva de reforma es incoherente con la política y estrategia climática nacional, al no estar ligadas a la reducción de emisiones. Esto implica un riesgo de inclumplir los compromisos internacionales asumidos y violar varios derechos humanos. La propuesta es errónea, al no incorporar de manera transversal aspectos fundamentales y vinculantes”, concluyó.
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