AMLO vs Biden, la odisea de la política energética

Lo paradójico es que tanto AMLO como Biden han tomado decisiones parecidas y enfrentan situaciones símiles en México y Estados Unidos

Desde la izquierda
Víctor Rodríguez Padilla
Especialita en el sector energético

A primera vista la política energética de México y Estados Unidos (EU) es radicalmente distinta. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aferra al extractivismo secular con ánimo de volver a producir 3 millones de barriles de petróleo por día, meta que ya bajó a 2 millones porque ni la inversión pública ni la geología convencional dan para más.

Por su parte, el gobierno de Joe Biden impulsa vigorosamente las fuentes renovables de energía, con la ambición de posicionar nuevamente a EU como líder mundial en ese ramo. Ambientalistas y críticos de AMLO se alegraron con el triunfo de Biden, el autoproclamado presidente de la “justicia climática”, con la esperanza de que tarde o temprano metería en cintura a su homólogo mexicano, carente de una ambiciosa agenda ambiental y poco empático con las fuentes renovables de energía distintas a la hidroelectricidad.

La paradoja

Lo paradójico es que ambos mandatarios han tomado decisiones parecidas y enfrentan situaciones similares. Tanto el uno como el otro suspendieron las rondas petroleras, Biden en tierras y aguas federales y AMLO en todo el país. Ambos han señalado, primero, que la suspensión es temporal sin establecer fecha de reapertura; segundo, que se respetarán los contratos ya otorgados y; tercero, que las petroleras tienen mucho que desarrollar en las áreas ya concedidas. La motivación del estadounidense es ambiental por las emisiones contaminantes de la industria petrolera, la del mexicano ideológica por su objetivo de frenar el avance del sector privado.

Los detractores

Ambos presidentes se han atrevido a tocar colosales intereses económicos y ahora enfrentan una dura oposición. La industria petrolera está furiosa porque la Casa Blanca ha estado revirtiendo las facilidades y ventajas otorgadas por Donald Trump, negacionista del Cambio Climático. El sector conservador de los republicanos se rasga las vestiduras en el Congreso. Juntos acusan al demócrata de querer echar abajo una industria fundamental para la economía estadounidense, destruir miles de empleos, poner en peligro la seguridad energética y socavar la recuperación económica.

►TE PUEDE INTERESAR►SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN DECLIVE

El poderoso Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) clama que la política ambiental de Biden impulsará la importación de petróleo de países hostiles a los intereses de los EU. El compromiso de dar continuidad al fracking y el anuncio de un programa federal de reconversión para que los trabajadores petroleros transiten hacia el sector de las energías limpias, no ha sido suficiente para calmar los ánimos, encendidos al rojo vivo.

Límite a la participación privada y apoyo a Pemex

AMLO también ha estado revirtiendo las prerrogativas y privilegios otorgados al sector privado por gobiernos anteriores, ganándose la ira empresarial y severas críticas por su política de autosuficiencia, seguridad y soberanía energéticas, que en lo concreto se traduce en limitar la participación privada en el suministro de energía, actividad que considera dentro del ámbito de la seguridad nacional.

Al presidente se le acusa de atentar contra el derecho a la salud y a un ambiente limpio, tanto por su política de diversificación de fuentes de energía utilizadas en la generación de electricidad, que incluye centrales de combustóleo y carbón, como por las restricciones impuestas a los proyectos eólicos y solares para que no afecten la continuidad y confiabilidad de la red eléctrica.

La presidencia también es objeto de agudos y ácidos cuestionamientos por los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la inversión pública para alcanzar autosuficiencia en refinados y las drásticas medidas para combatir los ilícitos en el mercado de combustibles. A diferencia de Biden, López Obrador debe lidiar con fuertes presiones diplomáticas de embajadas disgustadas por el freno a la inversión extranjera y las afectaciones que cada compañía tendrá que probar en tribunales.

Rumbo a tribunales

Ambos gobiernos enfrentan demandas legales. En el país vecino no menos de 15 estados de filiación republicana han demandado a la Casa Blanca argumentando que la suspensión del arrendamiento de tierras federales es ilegal, además de que frenará la actividad económica en esos estados y reducirá los ingresos públicos provenientes de regalías e impuestos petroleros. “Si vivimos del petróleo no puedes impedir que sigamos produciéndolo por más contaminante que sea, si los minerales tienen precio hay que extraerlos del subsuelo hasta que se agoten o pierdan valor”, es la lógica totalitaria extractivista.

La decisión de cancelar los permisos para el oleoducto Keystone XL, tomada por Biden al inicio de su mandato, también está siendo recurrida en los tribunales. En México dos jueces opositores han concedido no menos de 100 amparos que impiden la aplicación de disposiciones regulatorias, legales y programáticas decretadas por la Cuarta Transformación (4T) en materia de petróleo y electricidad.

Ambos tormentos confirman que la política energética nunca se caracteriza por el consenso total y que existe una brecha amplia entre lo que se diseña y lo que se logra implementar.

►TE PUEDE INTERESAR►GAS NATURAL, INCERTIDUMBRE E INDEFINICIÓN