Moody’s aseguró que el paro de inversiones dentro del sector eléctrico se debe a los cambios que ha impulsado la administración actual dentro de la industria
La calificadora Moody’s señaló que no pronostica un incremento en las inversiones privadas dentro del sector eléctrico mexicano durante los próximos tres años debido a los cambios que ha impulsado la administración actual dentro de la industria.
Asimismo, de acuerdo con un reporte, Moody’s indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría aumentar su deuda para así completar los proyectos que tiene planeado llevar a cabo.
“Si la mitad de la inversión que se espera que financie el sector privado (15% de la inversión total) es financiada con deuda, proyectamos un aumento de la razón de deuda a capitalización contable a aproximadamente 66.7% para 2024, desde un 61.7% registrado en 2020”, indicó.
Del mismo modo, explicó que la Empresa Productiva del Estado (EPE) invertirá 381 mil 500 millones de pesos hasta 2026. De esa cifra, 53% se destinará a proyectos de generación de energía; 20% a transmisión; 20% a distribución; y el restante a telecomunicación. Sin embargo, ello podría provocar riesgos financieros y de ejecución.
De la LIE al fortalecimiento de la CFE
Uno de los objetivos para los próximos tres años de la administración actual es el fortalecimiento de la CFE, a cargo de Manuel Bartlett. En una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una reforma constitucional para impulsar a la EPE, sin embargo no sería la primera vez que lo intenta.
El 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto donde se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Dicha reforma buscaba cambiar el orden del despacho eléctrico, cambiar los contratos legados para el suministro eléctrico y modificaciones en cuanto al otorgamiento de CEL’s, entre otras medidas más.
No obstante, un juez federal concedió la suspensión definitiva de dicha ley. De acuerdo con medios nacionales, hasta el momento se tienen registradas más de 70 suspensiones definitivas y más de 300 amparos promovidos por empresas del sector privado.
