Escrito por: Andrea Servín Aguila, Energy & Knowledge, Opinión

Conacyt: entre el dicho y el hecho

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La eliminación de fideicomisos relacionados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en octubre del año pasado es de conocimiento público

Andrea Servín
Coordinadora de Autoabasto Eléctrico de Grupo México

La energía es necesaria en todos los sectores. Mueve la economía, el transporte, la industria y es vital para proveer servicios de salud dignos. Es claro que se requiere más investigación e innovación en este rubro, en comparación con otros nichos económicos. La urgencia por contar con profesionistas preparados para liderar proyectos con enfoque multidisciplinario obliga a los involucrados a buscar educación de calidad, dentro y fuera del país.

Incorporar estudios en el extranjero brinda la oportunidad de aprender de expertos que radican en distintas partes del mundo, incrementa la competitividad del alumno, puede crecer sus habilidades verbales y expositoras en diversos idiomas, además de crear una visión globalizada en el individuo al forjar vínculos emocionales, políticos y académicos a nivel internacional.

La eliminación de 91 fideicomisos relacionados con el en octubre del año pasado es de conocimiento público. Los fondos destinados a la investigación, por aproximadamente 25 mil millones de pesos, han sido duramente criticados debido a su aparente tendencia a la corrupción. Muestra de lo anterior se evidenció en el último informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se revelaron irregularidades por más de 307 millones de pesos a lo largo del ejercicio de 2019. Dentro de las observaciones señaladas destacan depósitos a becarios por montos superiores a los establecidos; estímulos económicos a investigadores con definiciones vagas; sueldos a trabajadores fallecidos y convenios con empresas sin documentos.

Una decisión cuestionable

Lo anterior, derivó en la publicación de convocatorias limitadas para el periodo 2021; ahora, únicamente se contemplan programas en áreas enfocadas a la salud y las bellas artes. La decisión podría ser entendible debido a la pandemia, pero jamás será justificable. Implica un retraso monumental para las ramas ingenieriles y de ciencias sociales y deja de lado su importancia para el desarrollo integral de la nación.

Dadas las condiciones actuales del sector energético a nivel técnico y de gobernanza, resulta inaceptable la opacidad con la que estos incentivos se manejan; argumento que hace eco en todas las ramas donde conviven: ciencia, tecnología y progreso. Las recientes reformas al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pretenden velar por los principios de igualdad y no discriminación, por lo que no resulta congruente suprimir apoyos inclusivos para quienes buscan generar conocimiento en beneficio de sus connacionales. La actualización del reglamento destaca el respeto e impulso a la libertad de investigación sin exclusión, para favorecer la pluralidad y equidad epistémica en el quehacer académico y científico.

Además, las convocatorias enfocadas únicamente a temas de salud y arte no se alinean a los 10 Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces): salud, agua, educación, seguridad humana, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, energía y Cambio Climático, sistemas socio-ecológicos, vivienda y cultura, pues no fomentan su desarrollo en conjunto.

Becas al extranjero

En el pasado, la directora del organismo, Elena Álvarez-Buylla declaró que no se tocarían las becas para estudiantes en el extranjero. Sin embargo, aunado a su eliminación, desde el año pasado se han presentado retrasos considerables en la entrega de apoyos pactados contractualmente.

El impacto será tangible en el desarrollo de sus proyectos, pero también se afecta a estudiantes, investigadores y sus familias, pues dependen de los recursos para sostenerse en medio de la pandemia. Lograr la soberanía científica y tecnológica es un trabajo en equipo. México requiere de profesionales capacitados para responder a los retos actuales y futuros. Lo que solo será posible con el apoyo económico y jurídico de organismos públicos como el Conacyt.

El llamado se ha hecho. Crear un canal de entendimiento es el siguiente paso y depende de los dirigentes del país atender este reto prioritario.

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