El Juzgado aseguró que el acuerdo del Cenace y la política de la Sener eran inconstitucionales y concedió el amparo a Greenpeace México
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió el amparo a Greenpeace México contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del SEN de la Secretaría de Energía (Sener).
La Organización No Gubernamental (ONG) informó que el juzgado invalidó la totalidad de ambos instrumentos jurídicos. En ese sentido, se eliminará el bloqueo a los proyectos de energía renovable a cualquier escala y las autoridades tendrán 10 días para recurrir el fallo.
Al respecto, Pablo Ramírez, especialista en Cambio Climático de Greenpeace México celebró la decisión judicial; y esperó que la titular de la Sener, Rocío Nahle, acepte reunirse con la organización para escuchar propuestas de la sociedad civil.
“La decisión permite que las energías renovables sigan siendo una alternativa en el país y con ellas, reducir las emisiones que contribuyen al Cambio Climático”, comentó.
¿En qué concluyó el Juzgado?
De acuerdo con Greenpeace México, el Juzgado de Distrito aseguró que el acuerdo del Cenace era inconstitucional; pues la autoridad competente para emitir el acuerdo del 29 de abril era la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Mientras que la Sener debió atender las disposiciones del procedimiento de mejora regulatoria previo a publicar su política en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, el Juzgado también concluyó que la sentencia también considera inválidos ambos acuerdos por la violación al derecho a un medio ambiente sano; y los compromisos internacionales que tiene pactados México.
Ante ello, Luis Miguel Cano, consultor legal de la ONG destacó que la decisión abona a la justicia climática; se toman en cuenta los riesgos de daños ambientales a mediano y largo plazo; y se protege al patrimonio natural.
