En un entorno complejo, la cobertura petrolera será clave para anclar el paquete económico 2021
Andrea Servín Águila
Ingeniera en desarrollo sustentable del Tec de Monterrey
El 14 de septiembre, Daniel Gutiérrez, diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa con proyecto de decreto; gracias al cual se reformarían los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Dichas modificaciones pondrían en riesgo 7 años de consolidación de la Reforma Energética.
En la imagen, Andrea Servín Águila.
Un cambio en el párrafo quinto del artículo 25 renombra a las Empresas Productivas del Estado (EPE) como empresas del Estado y anticipa que en el apartado cuarto del 28 se incluirá la devolución de actividades petroleras y generación eléctrica a la nación.
Bajo el argumento de “generar y fortalecer estructuras económicas sólidas que permitan mantener la soberanía y autosuficiencia energética, recuperando la rectoría y exclusividad del Estado sobre el sector energético”, Gutiérrez plantea en el artículo 27 que Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean las únicas responsables de explotar, transformar y distribuir hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.
¿Contratos serán respetados?
Lo anterior pone en entredicho las declaraciones del presidente de México, quien ha afirmado que los contratos celebrados con privados bajo el amparo de la Reforma Energética serían respetados y que no se modificarían los artículos constitucionales reformados en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El diputado manifestó que la exploración de campos y extracción de combustibles fósiles serán facultades exclusivas de la nación, a pesar de que recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) instó a Pemex a fortalecer sus alianzas y centrarse en la rentabilidad de sus operaciones.
Además, cerrar nuevamente la puerta a la inversión privada resulta peligroso si se pretende asegurar la soberanía energética de un país que apuesta por la construcción de nuevas refinerías; mientras detiene el desarrollo de proyectos renovables y envía mensajes contradictorios a las empresas nacionales y extranjeras.
Regresar a los monopolios desmotiva la competencia. Hoy se pueden evaluar opciones de suministro energético con tarifas transparentes, fomentar procesos productivos más eficientes, mejorar las condiciones ofertadas al consumidor, incentivar la generación limpia y fortalecer el mercado.
Incertidumbre y desconfianza
La cuarta transformación (4T) ha dado duros golpes a la confianza en el sector; comenzando por el pliego petitorio de CFE y acrecentando la incertidumbre con las revisiones tarifarias de transmisión; para que después se diera a conocer el memorándum del Gobierno federal dirigido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), donde se prioriza el despacho de las plantas de la CFE sobre los parques eólicos y solares.
El sector energético se muestra más unido que nunca; y, en conjunto con asociaciones y organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscan alternativas para seguir desarrollando un mercado energético competitivo y colmado de certeza jurídica.
Finalmente, ahora más que nunca, México necesita reactivar su economía, lo que solo será posible mediante una sinergia pública y privada, que respete el estado de Derecho, atraiga capital y genere empleo.
