Pedro Mentado, Director editorial Energía Hoy
A la luz de las primeras acciones de gobierno y sus resultados, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja un halo de contrarreforma energética con sus acciones: cancela licitaciones de bloques y asociaciones para Pemex, cancela las subastas eléctricas y la licitación de líneas de transmisión, busca reagrupar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Petróleos Mexicanos (Pemex) con una nueva ruta de negocios y otras acciones.
Una lucha contra la corrupción y el robo arraigados en el sector estatal en complicidad con algunas empresas privadas y la sociedad misma, practicas no exclusiva de México, pero si en niveles desproporcionados en el país. Un proceso de limpieza que va a llevar años desterrar y que no se actúa de tajo por conveniencia de gobernabilidad.
Sin embargo, en el terreno legislativo y el marco legal no se observan acciones o planteamiento para viraje en 360 grados, no hay una iniciativa de reforma energética 2.0 o algo por el estilo que eche para atrás los cambios de la reforma de Enrique Peña Nieto, pero si acciones que le cambiaron la cara a los reguladores del sector energético: Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CHN) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El saldo de los primeros seis meses, un sector energético que se mueve en dos vías: esfuerzos de las empresas del gobierno por reconducir el sector energético mexicano y un mayor protagonismo del gobierno federal, que incluso al extremo de comprometer la finanzas públicas -observaciones de las calificadoras-; en el otro lado, un sector privado nacional y extranjero con dudas y temeroso por la falta de certeza jurídica en los negocios.
Aunque todavía falta la segunda mitad del primer año de gobierno y pueden pasar muchas cosas, es un buen momento para reflexionar: ¿Qué necesita México en el sector energético? La propuesta es que se ponga un piso mínimo de acción del gobierno federal y hacia arriba un marco jurídico para el sector privado y ellos sabrán si le entran o no. Pero entre más rápido mejor, porque urge la acción de las empresas con su capital, su tecnología, sus recursos humanos. Las dudas y señales encontradas de hoy hacen mucho daño.
Laissez faire, laissez passer, en el mejor de los sentidos es lo que necesita el sector energético mexicano, que el gobierno ponga reglas del juego claras, y si le quiere entrar al negocio, que le entre y que explote la riqueza petrolera. Y bueno, establecer las políticas públicas para garantizar el bienestar social y los derechos humanos.
Urge que el gobierno empiece a tomar decisiones para dar certidumbre a los negocios del sector.
Los capitales no están peleados ni le temen a Andrés Manuel López Obrador, a lo que le temen es a las acciones y los cambios inesperados, eso a nadie le gusta, incluso ni al gobierno federal. Pero aquí el dueño de las canicas es el Estado y su gobierno.
Dejar hacer, dejar pasar, es lo que pide el sector privado, reglas del juego claras y la definición del proyecto para el resto del sexenio.
