Se necesitaba fortalecer el control del Estado, no por añoranza de un glorioso pasado estatista, sino como respuesta a los excesos del neoliberalismo, el pensamiento único y los preceptos del consenso de Washington
(PRIMERA PARTE)
Víctor Rodríguez Padilla
Investigador en Posgrado de la Facultad de Ingeniería (UNAM)
Urge articular una política de Estado para acelerar la transición energética, ecológica y equitativa. Este sexenio ya concluyó en términos de adecuación del sector energético a las necesidades del presente y los retos del futuro. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hará más de lo que ya hizo. Concluirá su mandato dejando una larga lista de pendientes. Ahora las esperanzas están puestas en el ascenso de una nueva generación de dirigentes mejor preparados, menos limitados, más visionarios, conscientes y comprometidos con la vida, el equilibrio ecológico y la salud del planeta. Fincar el progreso en el extractivismo y los combustibles fósiles ya no es opción de desarrollo. El futuro no se aborda con modelos agotados.
Ciertamente la administración ha cumplido con la obligación de garantizar el suministro de energía, pero la atención y los recursos se han concentrado en dos áreas: por un lado, la contención del alza de precios para proteger a la economía familiar y, por el otro, la extracción y procesamiento de petróleo para recuperar la autosuficiencia en productos derivados. En todo lo demás se observan algunos avances, pero también atascos y retrocesos. No se gana nada ocultando la realidad.
La estrategia de la administración saliente se ha centrado en el fortalecimiento de Pemex y CFE, para recuperar los espacios que perdió el Estado como productor y suministrador de combustibles y electricidad durante el neoliberalismo. Ese rescate, considerado por la 4T como la pieza clave para recuperar el control de un sector altamente estratégico, ha enfrentado enormes resistencias empresariales y políticas que han llevado a la judicialización de la política energética y al estancamiento.
Evitar un colapso
Estoy de acuerdo en que se necesitaba fortalecer el control del Estado, no por añoranza de un glorioso pasado estatista, sino como respuesta a los excesos del neoliberalismo, el pensamiento único y los preceptos del consenso de Washington. Había que poner un alto a la liquidación de los bienes nacionales, el entreguismo, la complacencia, la simulación, los privilegios, los subsidios al capital, los contratos leoninos, los reguladores capturados, la puerta giratoria, el capitalismo de cuates, el agandalle y las prácticas corruptas. El primer mandatario lo ha hecho con su
particular estilo de gobernar con resultados mixtos, incluso decepcionantes.
No es apartando al sector privado con el revés de la mano, ni polarizando al país como se logrará integrar a todos los mexicanos en el gran esfuerzo nacional que se requiere para evitar el colapso climático y ecológico. La solución tampoco está en el estatismo o en el reparto de cuotas de mercado, como creen algunos ideólogos de la 4T.
La falta de interés, visión y compromiso han detenido la transición. No se cumplirá con el Acuerdo de París, ni siquiera haciendo trampa, moviendo la línea base desde la cual se contabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero. El futuro incumplimiento ha sido reconocido en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico, aunque luego se arrancó la página para no reconocer la verdad incómoda (bit.ly/3FZudel). Más allá de las cifras irrealistas de las prospectivas oficiales, los proyectos concretos puestos en marcha revelan falta de ambición climática y ecológica.
Como país, hemos perdido mucho tiempo.
Han pasado 30 años desde la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), que estableció una agenda y un plan de acción internacional para el desarrollo sostenible. Fue un parteaguas que hizo de la preocupación ambiental un componente imprescindible de la política energética de países ricos y pobres.
La comunidad internacional reconoció que era absolutamente indispensable integrar y equilibrar las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, para mantener la vida humana en el planeta. Tal integración y equilibrio requería nuevas percepciones sobre la forma de producir y consumir, de vivir y trabajar, y de tomar decisiones.
En ese momento los combustibles fósiles representaban el 92 por ciento del consumo de energía en México, hoy alcanzan 88 por ciento. En treinta años hemos logrado una raquítica disminución de cuatro puntos porcentuales. A ese ritmo se necesitarán 375 años para que el peso relativo de la energía fósil descienda al 50 por ciento del consumo nacional.
Acelerar el cambio
A pesar del discurso ambientalista la política energética ha tenido otras prioridades, llámese apertura, tratados
comerciales, finanzas públicas, libre mercado, competencia, regulación, privatización, atracción de inversión extranjera. Se ha puesto mayor atención a los medios que a los fines. El discurso oficial ni siquiera ha progresado: sigue hablando de reducir la huella de carbono cuando los países avanzados llevan años de haber adoptado la neutralidad climática como meta a conseguir en menos de tres décadas.
Necesitamos acelerar el cambio. El Estado debe dirigir la transición porque el libre juego de las fuerzas del mercado no conduce espontáneamente a ese resultado. Esa tesis no implica que el monopolio estatal sea el único camino para imprimirle celeridad al proceso. El progreso técnico favorece las soluciones descentralizadas más que la concentración.
Existe una clara tendencia hacia la atomización de la producción de electricidad y energías alternativas. La multiplicación de prosumidores es una tendencia emergente consustancial a la sostenibilidad. En cualquier caso, nadie debe de quedar excluido del gran esfuerzo nacional. Es indispensable incorporar a todos y a cada uno de los mexicanos en la batalla por un mundo vivible.
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