Ramsés Pech
Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos
El Programa Sectorial de Energía es de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus atribuciones específicas.
La Secretaría de Energía, junto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la normativa aplicable, supervisarán la ejecución y el logro de los objetivos; estrategias y líneas de acción estipulados en el Programa Sectorial de Energía, tomando como referencia los indicadores y metas definidos.
La totalidad de los recursos del programa destinados a la ejecución de sus acciones, incluidas aquellas relacionadas con sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para su implementación, seguimiento, reporte y rendición de cuentas, se aplicarán conforme a los recursos aprobados para los ejecutores de gasto participantes en el Programa, según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal.
Actualmente, se propone mantener la producción de petróleo (incluidos los condensados) por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios a lo largo del presente sexenio, asegurando la continuidad de este objetivo.
Pemex contribuirá en 2026 con hasta el 86% de la producción proyectada y, conforme al Plan Estratégico vigente, se prevé que, mediante el impulso de proyectos de desarrollo mixto, en 2033 estos aporten el 25% de la producción nacional.
La meta principal es priorizar el procesamiento industrial y atender las necesidades de consumo nacional de combustibles líquidos y petroquímicos derivados del crudo y del gas natural, a fin de alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diésel, así como asegurar una producción sostenible que proteja los recursos petroleros de México en el presente y en el futuro.
México se enfrenta a una paradoja energética relevante: a pesar de ser productor de hidrocarburos, depende principalmente de las importaciones de gas natural seco provenientes de un solo país para satisfacer sus necesidades esenciales. Esta situación representa una vulnerabilidad estratégica significativa, especialmente si se considera que el gas constituye aproximadamente el 65% de los combustibles utilizados en la generación eléctrica.
En respuesta, el objetivo 1 de este programa propone aumentar la producción nacional de gas natural a cinco mil millones de pies cúbicos diarios mediante iniciativas de recuperación sustentable, con la finalidad de reducir la dependencia externa en un 20%.
La problemática relacionada con el gas natural requiere un análisis riguroso, debido no solo al incremento de las importaciones necesarias para cubrir el déficit interno, sino también a su posición como uno de los energéticos más importados en el país, junto con la gasolina y el diésel.
La transición energética en México presenta otra paradoja relevante: si bien se han registrado avances en la disminución del uso de combustibles altamente contaminantes, como el carbón y el coque, el gas natural ha pasado a ser el principal “combustible de transición”. El país proyecta fomentar el empleo de fuentes renovables, tecnologías de almacenamiento, así como procesos de captura de carbono y metano y la electromovilidad, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
No obstante, tanto el consumo como la generación primaria y eléctrica continúan siendo predominantemente de origen fósil.
En México se mantiene una significativa dependencia del gas natural importado, lo que representa un desafío para la soberanía energética nacional. Aunque se han registrado avances relevantes, como el aumento en la generación eólica y solar durante 2024, las energías limpias únicamente representaron el 24.32% del total, cifra aún distante de la meta establecida del 35%.
La capacidad instalada para la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está conformada principalmente por centrales fósiles —incluidas las de ciclo combinado, turbogás, carboeléctrica, térmica convencional y de combustión interna— con aproximadamente 30,033 MW, seguida por la generación hidroeléctrica (12,156 MW) y nuclear (1,608 MW).
Es importante destacar que la mayor capacidad pública instalada de energías renovables corresponde a las centrales hidroeléctricas, motivo por el cual el Gobierno federal anterior decidió rehabilitar y modernizar 16 instalaciones, acción que incrementará la capacidad total en 554 MW; algunas de estas obras continúan en proceso de conclusión.
Además, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la CFE, durante la administración federal anterior se inició la construcción de diez centrales de ciclo combinado con una capacidad total de 6,692 MW, que serán puestas en operación entre 2025 y 2027. En conjunto, los proyectos de ciclo combinado y la central solar fotovoltaica Puerto Peñasco, con una capacidad de 580 MW, sumarán 7,112 MW adicionales al sistema eléctrico nacional, con una inversión estimada de 5,920 millones de dólares.
El objetivo del programa es garantizar la disponibilidad de los recursos petroleros a largo plazo, manteniendo una producción futura de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con el fin de evitar la sobreexplotación de las reservas. Estos recursos se destinarán al abastecimiento del Sistema Nacional de Refinación y a la industria petroquímica nacional.
Se prevé que, para 2030, las refinerías de Pemex incrementen su capacidad de procesamiento de crudo del 56% a más del 80%, lo que permitirá aumentar la producción de petrolíferos como gasolinas, diésel y turbosina. Este crecimiento estará respaldado por inversiones en los sectores de petroquímica y fertilizantes, contribuyendo así al fortalecimiento de la independencia energética.
Durante el periodo 2024–2031 se actualizarán 27 Normas Oficiales Mexicanas (23 relativas al consumo eléctrico y 4 al consumo de combustibles), que abarcarán aspectos como la seguridad en instalaciones eléctricas y el uso eficiente de la energía en sistemas de aire acondicionado, electrodomésticos, motores, equipos para cocción de alimentos, calentadores de agua e iluminación. Adicionalmente, entre 2025 y 2027 se elaborarán y publicarán 15 nuevas Normas Oficiales Mexicanas (9 sobre consumo eléctrico y 6 sobre consumo de combustibles).
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la inversión privada en generación eléctrica limpia, avanza en el cumplimiento de los objetivos establecidos en acuerdos internacionales y prevé mantener dichos avances hasta el año 2050. Se proyecta que para esa fecha las principales fuentes de producción eléctrica en México serán la solar, eólica, hidráulica, geotérmica y la biomasa, así como otras energías renovables que puedan desarrollarse en el futuro. La participación porcentual de la capacidad estatal de generación eléctrica aumentará del 55.40% en 2024 al 59.60% en 2030.
Por otra parte, el 96% de las adiciones de capacidad correspondientes a los proyectos privados previstos para el periodo 2025–2030 estará constituido por energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica.
El Programa Sectorial de Energía de México, presentado el 22 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, constituye un decreto de vigencia limitada hasta el año 2030. Esta decisión coloca al país fuera de la tendencia actual de la geopolítica energética mundial de mediano y largo plazo, ya que numerosos países seguirán incrementando el uso de combustibles fósiles, y muchos productores continuarán con su extracción, transformación y comercialización.
Pemex y la CFE cuentan con un presupuesto proyectado para 2026 cercano a un billón de pesos, cifra que se espera incremente a dos billones de pesos para finales de 2030. Surge así la interrogante sobre si las empresas del Estado deben ser responsables de la totalidad del programa sectorial o si los actores privados pueden participar en segmentos específicos del mercado. El programa no incluye lineamientos sobre cómo transitar hacia la reducción en el consumo de gasolinas, diésel y otros combustibles empleados en el transporte y en diversas actividades sociales.
Cabe destacar que más del 80% del petróleo crudo refinado, tanto en el Sistema Nacional de Refinación como en Estados Unidos, se destina al consumo de más de 300 millones de litros diarios, lo que genera un flujo de efectivo circulante estimado entre 4 y 5 billones de pesos en el mercado de comercialización de combustibles fósiles.
Conclusión:
Es pertinente analizar si resulta adecuado que la nación asuma el riesgo financiero en el sector energético, considerando el inminente descenso en las tasas de interés y el aumento de las inversiones en combustibles fósiles. Estos recursos podrían utilizarse como palanca para facilitar la transición hacia energías limpias y, posteriormente, hacia fuentes de energía consideradas infinitas, como la nuclear.
En la actualidad, México cuenta con políticas de corto plazo vinculadas al presupuesto disponible para las empresas estatales; ante la falta de interés en su rentabilidad, se limita así su responsabilidad a garantizar el funcionamiento del mercado energético.
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