En México, del 2018 a junio del 2023, la deuda del Sector Público Federal pasó de 10.5 billones de pesos a 14.2 billones, un incremento del 35 por ciento. Esto tiene una correlación directa con el incremento del déficit presupuestal, el cual pasó de 470 mil mdp, a alrededor de 1.2 billones, una variación del 148 por ciento
Ramsés Pech
Grupo Caraiva – León & Pech Architects
Un país tiene un crecimiento conforme pueda asegurar su desarrollo económico y posteriormente, ser atractivo para las inversiones de empresas de otros países; y estás últimas puedan contribuir en un inicio con nueva inversión extranjera directa y, finalmente, reinvertir en sus utilidades.
En este conjunto del todo para una nación, el objetivo debe ser el de generar los suficientes ingresos vía la recaudación impuestos, aranceles, contribuciones; y de cualquier otra acción dentro de lo permitido en un mundo geopolíticamente globalizado, para después ejercer esos gastos que ayuden a mantener certidumbre y confianza, y atraer más inversión.
En México, estamos empezando a tener un riesgo latente para el corto y mediano plazo; ligado a la incertidumbre del balance presupuestal realizado año tras año, entre septiembre y noviembre en la Cámara de Diputados. Las calificadoras no fueron creadas para agradar a los mercados financieros; deben ser entes que ayuden a saber a quién prestar, cuánto, y conocer las condiciones de dicho dinero a entregar. Recordemos que, el dinero es un medio tangible para dar valor a algo de intercambio comercial.
Con respecto a las calificadoras que evalúan a México, algunas son contratadas para este fin por alguna entidad gubernamental o empresas, y otras no son contratadas. Pero en realidad estas calificadoras identifican ciertos riesgos, realizan observaciones, de las cuales emiten consejos no pedidos, pero pueden ser tomados en cuenta por aquellos que intercambian relaciones comerciales o financieras en el mundo.
La realidad mexicana, que es la suma de varias acciones del pasado, coloca al país para tomar una acción inmediata y realista en pro de tener una nueva reforma fiscal ante el incremento del déficit presupuestal, que cada día crece más.
El déficit presupuestal refiere a la diferencia entre el gasto y los ingresos.
Entre mayor sea este déficit, se tiene mayor incertidumbre en un país; debido a que no está claro quién o cómo podrá ser cubierto. Si el país mantiene los mismos impuestos y la base de contribuyentes, como una consecuencia de no haber nuevas empresas que generen empleos, se limita la cantidad de ingresos para el gasto.
Ante esto, se deberán usar variables que incrementen la entrada de dinero. Pero muchas de estas variables no son controladas por la nación, sino que dependen de mercados internacionales o hechos económicos, financieros, geopolíticos o cualesquiera que sean; como el precio del barril de petróleo. Pero, ante las incertidumbres en el corto y mediano plazo, los supuestos asumidos quizá sean todo lo contrario, y esto ocasionaría un mayor déficit, el cual solo podrá ser cubierto al incrementar la deuda de un país.
En México, del 2018 a junio del 2023, la deuda del Sector Público Federal pasó de 10.5 billones de pesos a 14.2 billones, un incremento del 35 por ciento. Esto tiene una correlación directa con el incremento del déficit presupuestal, el cual pasó de 470 mil mdp, a alrededor de 1.2 billones, una variación del 148 por ciento.
Pero, en la última década, la deuda subió en 8.7 billones de pesos, un incremento del 158 por ciento. Estamos endeudados, debido a que no sabemos gastar. El gasto ha aumentado en forma acumulada en 4.12 billones y el déficit en 800 mil millones, para compensar los ingresos que solo han crecido en 3.32 billones. Parte de la deuda ha servido para compensar el déficit.
La primera pregunta que debe surgir es ¿a dónde se gasta el dinero?, debido a que nos endeudamos para cubrir el déficit.
En el enlace, una explicación ampliada: https://twitter.com/economiaoil/status/1693314091681829072?s=20
La respuesta :
El presupuesto de egresos está dividido en programado y no programado. El primero está seccionado en desarrollo social, y el segundo en desarrollo económico.
En México, al primer semestre del 2023, se observa que el 66% de un total de 2.684 billones de pesos se direcciona al desarrollo social; y solo el 25% corresponde al desarrollo económico. Aquí es donde empieza la duda de las calificadoras.
El desarrollo social ha crecido en un 6%, y el económico se ha contraído en un 7% respecto a 2021; apoyando en mayor proporción a la sociedad, y esto indica que hay una falta de certidumbre y compromiso para venir a invertir a México, ante la falta de apoyos a donde generan los impuestos, que es la economía. Solo el Tren Maya generará nuevos ingresos en impuestos.
Pero al revisar el desarrollo social, el 48% se utiliza para la protección social, donde están los programas sociales. Analizando al desarrollo económico, observa una contracción en el sector de energía del 25%; derivado de esto hay una mayor importación de gas natural de EU, para generar electricidad y al mismo tiempo de combustibles.
Es necesario tener energías alternativas como los biocombustibles, provenientes de la caña de azúcar, y que podría incrementar al sector agrícola; para que pueda continuar subsistiendo en un futuro, y de no hacerlo, el desarrollo estará comprometido en el mediano plazo.
Conclusión:
Las calificadoras están observando que cada presupuesto realizado, aumenta el gasto neto público, y los ingresos son menores ante la falta de inversiones en el desarrollo económico y una inversión directa menor, respecto a las nuevas.
Esto ha ocasionado una incertidumbre en el presupuesto, ante el aumento del déficit presupuestal, que estaría en los próximos años por arriba de un billón de pesos.
Apoyar a Pemex significa que, en el caso de no tener los ingresos necesarios, el gobierno tendrá que dejar de gastar en el desarrollo económico, ante una política pública mayor en el rubro del gasto social; principalmente en la parte de la protección de la sociedad, basado en programas que aporten dinero a las familias, pero no generan una retribución laboral de dinero directa en ingresos a los hogares.
La suma de la incertidumbre de Pemex, al ser un recaudador de la nación y un uso del precio del barril en la Ley de Ingresos, deriva en que se necesita tener una reforma fiscal; la cual elimine a colocar en esta Ley de Ingresos cada a año a la empresa productiva del Estado (EPE) como garante; y dejar de utilizar las variables del valor de petróleo crudo para cerrar el déficit presupuestal.
La pregunta final
El gobierno o la administración en turno dejará de apoyar el gasto de desarrollo social para ayudar a Pemex, o ¿cómo saldrá el dinero para cubrirlo todo ante un déficit mayor y el dejo de inversión en el desarrollo económico?
La solución, una reforma fiscal que se adapte a las nuevas necesidades de inversión respecto al nearshoring.
Espero que alguien se atreva algún día a hacer una reforma fiscal coherente y hacia el futuro; porque la realidad de México es que no hay planes a largo plazo.
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