La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo el “2° Encuentro Prevención y Combate a la Corrupción”, en el que funcionarios de la empresa estatal y especialistas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) discutieron los desafíos y procesos vinculados a la vigilancia del sector público.
Según lo expuesto durante el evento, la CFE desarrolla una política anticorrupción que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública y la participación ciudadana a través de nuevos lineamientos internos y un enfoque centrado en la prevención.
ASF detalla obligaciones y metodologías de auditoría
Representantes de la ASF participaron con diversas ponencias sobre el marco legal y los procedimientos de revisión aplicables a la CFE y otras entidades. Entre ellas, Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien abordó los alcances de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que Martín Sánchez Arroyo, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, detalló los procedimientos para la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
Por su parte, Alfonso Damián Peralta presentó la “Guía para el seguimiento de acciones y recomendaciones”, un instrumento de consulta práctico para los servidores públicos de las entidades fiscalizadas.
Prevención, eje del mensaje interno
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la encargada del Despacho de la Coordinación de Control Interno, María Isabel Olivares Batalla, llamó a reforzar la vigilancia sobre los recursos públicos.
“Es nuestro deber como servidores públicos cuidar y hacer cuidar los bienes y recursos”, afirmó. También destacó que “es más barato prevenir que corregir”, en referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos internos antes de que ocurran irregularidades.
El director jurídico de la CFE, José Manuel Calva Merino, enfatizó que la empresa debe conducirse bajo principios de integridad:
“El compromiso que nos dirige es la legalidad, la integridad y la honestidad ante el pueblo de México y ante las instituciones. El ejercicio del poder público debe ser transparente, eficiente, con participación ciudadana y uso correcto de los recursos, ya que el poder sin rendición de cuentas se convierte en una amenaza y el silencio se vuelve cómplice”, concluyó.
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