El gobierno del presidente Donald Trump ordenó la suspensión de los contratos de arrendamiento de cinco grandes proyectos de energía eólica marina que se encontraban en distintas fases de construcción frente a la costa este de Estados Unidos, una decisión que deja en incertidumbre inversiones multimillonarias y el futuro inmediato de esta industria en el país.
La medida fue anunciada el 22 de diciembre por el Departamento del Interior, que informó la suspensión “con efecto inmediato” de los arrendamientos federales para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción. El argumento oficial fue la existencia de “riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados”, aunque las autoridades no precisaron el contenido ni el alcance de dichas evaluaciones.
Los proyectos afectados son Vineyard Wind 1, frente a la costa de Massachusetts; Revolution Wind, que busca suministrar energía a Rhode Island y Connecticut; Sunrise Wind, también en el noreste del país; Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW – Commercial), cerca de Virginia; y Empire Wind 1, frente al litoral de Nueva York. Varias de estas iniciativas habían recibido contratos de arrendamiento durante la administración de Joe Biden.
Proyectos millonarios y capacidad energética en riesgo
De acuerdo con datos citados por The Wall Street Journal, los cinco parques eólicos estaban proyectados para generar casi seis gigawatts de electricidad, una capacidad equivalente al consumo de una ciudad del tamaño de Manhattan. En conjunto, se esperaba que abastecieran de energía a más de 2.5 millones de hogares y empresas en el este de Estados Unidos y que generaran alrededor de 10 mil empleos.
Uno de los desarrollos más avanzados es Vineyard Wind 1, que ya operaba parcialmente y contaba con aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares en financiamiento comprometido. El proyecto tenía previsto alcanzar una capacidad de generación superior a los 800 megawatts.
El impacto económico de la decisión fue inmediato. Las acciones de la empresa energética danesa Orsted, involucrada en dos de los proyectos suspendidos, cayeron más de 11% tras el anuncio.
Por su parte, Dominion Energy, desarrolladora principal del proyecto de Virginia, registró una caída superior al 5% y se colocó como el peor valor del día en el índice S&P 500. Analistas de Barclays señalaron que la empresa parecía no haber sido advertida de la medida, ya que un barco había zarpado recientemente para instalar turbinas.
Reacciones políticas y el giro energético de Trump
Dominion Energy defendió su proyecto al señalar que era “esencial para la seguridad nacional estadounidense”, al estar vinculado al suministro eléctrico de instalaciones militares, astilleros de combate, una alta concentración de centros de datos y el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial en Virginia.
Desde el ámbito político, la decisión también provocó reacciones críticas. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, acusó al presidente Trump de librar una “guerra descontrolada e ilegal” contra la energía eólica.
“La guerra de Trump contra la energía eólica es descontrolada y totalmente ilegal. Nuestro proyecto en Connecticut está casi terminado. Y ahora volvemos a los tribunales, por segunda vez, para detener otra orden ilegal. Trump solo está destruyendo empleos y disparando los precios de la energía”, dijo Murphy en su cuenta de X.
Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha manifestado su rechazo a la energía eólica, argumentando que daña el paisaje y afecta a las aves. Según The New York Times, en su primer año de mandato ha impulsado un giro profundo en la política climática y energética de Estados Unidos, pues ha desmantelado regulaciones ambientales, promovido los combustibles fósiles y frenado el crecimiento de las energías renovables.
De acuerdo con el diario, estos cambios no solo han modificado el panorama interno, sino que también han tenido efectos más allá de las fronteras estadounidenses, al presionar a otros países para reducir sus esfuerzos contra el calentamiento global. La cancelación de los proyectos eólicos marinos marca hasta ahora la acción más contundente del gobierno contra un sector que apenas comenzaba a consolidarse en la costa este del país.
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