Moldavia declaró un estado de emergencia de 60 días en su sector energético a partir del 25 de marzo de 2026; como consecuencia de la interrupción de una línea eléctrica clave que conecta al país con la red europea.
El Parlamento moldavo aprobó la medida tras una reunión urgente del gobierno, al confirmarse que ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania dejaron fuera de servicio el corredor eléctrico Vulcanesti–Isaccea, que abastece hasta el 60‑70% del consumo en la margen derecha del río Dniéster.
La desconexión de esta línea genera un déficit estimado de entre 350 y 400 MW durante las horas pico, lo que obliga al gobierno a activar medidas de ahorro y a reforzar otras rutas de importación. El primer ministro, Alexandru Munteanu, ha pedido a la población que reduzca el consumo eléctrico, especialmente en las franjas de mayor demanda; y que siga únicamente las instrucciones emitidas por fuentes oficiales. El gobierno enfatizó que la situación no es un hecho aislado, sino parte de los impactos colaterales de la guerra en Ucrania sobre la región.
El estado de emergencia permite a las autoridades adoptar decisiones más ágiles en materia de seguridad energética, incluido el desvío de procedimientos normales de compra para asegurar suministros y equipos de emergencia.
Asimismo, abre la posibilidad de imponer racionamiento de consumo y establecer reglas especiales de operación para empresas e instituciones, priorizando el abastecimiento de servicios esenciales y hospitales. El gobierno subrayó que, por ahora, el suministro eléctrico se mantiene gracias a la producción interna y a las cuatro líneas de interconexión de 110 kV con Rumanía, que ya fueron probadas el año anterior ante incidentes similares.
La reparación de la línea Vulcanesti–Isaccea se complica por la necesidad de localizar y retirar restos de drones y escombros en la infraestructura afectada en territorio ucraniano, lo que exige labores de desminado antes de que los equipos técnicos puedan intervenir de forma segura. Munteanu calificó los ataques a la infraestructura civil de Ucrania como un delito de guerra y un “ataque contra Moldavia”, al recordar que el país también enfrenta daños indirectos en el río Dniéster debido a la contaminación asociada a los bombardeos.
En este contexto, el gobierno describe la declaración de emergencia como un momento de movilización institucional, en el que se pide a todas las dependencias abandonar la rutina administrativa y operar en modo de intervención coordinada. Para la ciudadanía, el mensaje central es el uso racional de energía, agua y recursos, en un escenario en el que cada decisión de consumo se vuelve relevante para mantener la estabilidad del sistema. Las autoridades han anunciado que los equipos técnicos mantienen monitoreo permanente de la red eléctrica y realizarán inspecciones in situ tan pronto como las condiciones de seguridad en Ucrania lo permitan.
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