Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- El Poder Judicial de la Federación publicó la sentencia sobre el juicio de amparo número 598/2016 por lo que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) puede llevarse a cabo tal y como está establecido y acordado con las comunidades indígenas de San Felipe Tepatlán, Xochimilco, Xochicugtla, Altica, Emiliano Zapata, Zoquiapa y Cuatepalcatla.
Rosalía Salvador Flores de Altica se expresó satisfecha respecto a lo señalado por el Juez. “En las 7 comunidades estamos muy contentos porque el Juez actuó de acuerdo con lo que vivimos y fuimos testigos mis compañeros y yo por más de un año y medio durante el proceso de consulta”, dijo.
La resolución señala que (1) los quejosos, en específico la comunidad de San Mateo Tlacotepec, no son afectados ni tienen interés legítimo, (2) no hay afectaciones al territorio, a los sistemas de cultivo, uso de agua o en sus prácticas culturales – religiosas, (3) la implementación del PHP1 no viola los derechos humanos de los quejosos, (4) las autoridades actuaron conforme a derecho en los procedimientos y otorgamiento de permisos, así como la acreditación del proceso de consulta previa a la ejecución del PHP1, (5) que la empresa rindió información correcta y adecuada, y (6) la legislación mexicana cumple con los estándares internacionales.
La abogada Ana Elena Torres señaló que la contraparte podría interponer un recurso de revisión sobre la resolución del Juez Miguel Arroyo Herrera en un periodo de 10 días hábiles.
Ante esta situación, Héctor Muñoz Rivera de Xochicugtla señaló que ante lo rotundo de lo señalado por el juez le pedimos a Fundar y Consejo Tiyat Tlali que por favor no interpongan nuevos recursos ya que lo único que lograrían es retrasar más el desarrollo para nuestras comunidades.
Y agregó: “cada año que definamos en qué usaremos los beneficios compartidos, nuestros compañeros de San Felipe Tepatlán y Altica que formaron parte de este juicio como quejosos, serán invitados a votar y definir juntos en qué vamos a invertir por el bien de nuestras comunidades”.
Se adjunta resolución judicial pública.
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