Ciudad de México (Iliana Chávez Energía Hoy).- Jesús Reyes Heroles González Garza, presidente de Energea, aseguró que no existe conflicto de interés entre sus actividades profesionales desde entonces, y siempre se ha desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos.
El presidente de Energea, respondió a las acusaciones del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de haber sido director general de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y luego ocupar un puesto en las empresas a las que le otorgó contratos, para contribuir a la “destrucción” de la CFE.
Aquí el texto íntegro:
I. Ayer, Manuel Bartlett Díaz, Director General de la CFE, señaló que durante su gestión pública nueve personas actuaron en detrimento de la CFE, entre los que incluyó al suscrito. Criticó que después de concluir sus encargos públicos, dichas personas han mantenido actividades profesionales relacionadas con el sector energético. Sobre dichos señalamientos, debe aclararse lo siguiente:
1. El señor Bartlett incurrió en falsedad al afirmar “Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas…”.
2. El señor Bartlett incurrió en falsedad pues el suscrito fue Secretario de Energía durante casi tres años del sexenio del Presidente Ernesto Zedillo (del 2 de enero de 1995 al 22 de octubre de 1997).
3. El señor Bartlett incurrió en falsedad, pues el suscrito fue Director General de Petróleos Mexicanos durante el sexenio del Presidente Calderón, del 10 de diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009.
4. Dejé el servicio público el 7 de septiembre de 2009, esto es, hace casi una década. Durante más de un año no realicé actividad profesional alguna relacionada con el sector energético, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente entonces. Por tanto, no existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces, y siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos. Además, en mi opinión, ese señalamiento para años posteriores sería violatorio de mi derecho a la libre profesión, en los términos del artículo 5º constitucional.
En los hechos, argumentar un supuesto conflicto de interés es coartar mi derecho a la libertad de profesión.
5. Es grave que un funcionario público de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la Ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente.
6. Es grave también que un funcionario público incurra en falsedad al afirmar “hechos que sean inexactos o falsos, cuya divulgación cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen” (Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica). Por esto, haré válido mi derecho constitucional de réplica, consagrado en el artículo 6º de la Constitución.
7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque cuando la información agraviante provenga de un funcionario público en ejercicio de sus responsabilidades, tiene carácter de información oficial. El recurso para que los ciudadanos nos defendamos de eso es ejercer el derecho de réplica, que constituye un contrapeso al gobierno.
8. Solicito a los medios de comunicación que transmitieron o difundieron los señalamientos falsos del señor Manuel Bartlett Díaz que hagan las aclaraciones pertinentes, en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, esto es, en los mismos programas y horarios y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
II. Las observaciones anteriores documentan un daño grave causado a mi reputación y fama pública, con consecuencias de toda índole. Sin embargo, lo acontecido la mañana del 11 de febrero tiene efectos más graves que los que lesionan mi persona. Prueba que todos los mexicanos estamos expuestos al riesgo de difamación y juicio mediático, que podría quedar impune en caso de no señalarse. No debe aceptarse eso como la nueva realidad para México.
También, que afirmaciones arrebatadas erosionan aún más la certeza jurídica de contratos con el gobierno mexicano, lesionando el patrimonio y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Al concluir la conferencia, en entrevista el señor Bartlett declaró “[el Presidente] va a invitar a estas empresas… para que inicien una revisión de contratos… Si no están de acuerdo, serán demandados”. Mientras no se cambie la Constitución, es ilegal intimidar a los particulares que lícitamente pueden participar en el sector energía del país conforme a las leyes actuales.
Como es mi caso, otras de las personas señaladas por el señor Bartlett, no laboraban en el sector público durante la administración del Presidente Peña Nieto y, por tanto, no participaron en la formulación o ejecución de la reforma energética.
Previamente, en el desempeño de mis cargos públicos, por convicción, promoví acciones para una mayor concurrencia de los particulares en el sector energía conforme se los permitiera la Ley. Por eso, resultaría especialmente delicado que lo acontecido el lunes respondiera a una condena por mi manera de pensar acerca de la mejor arquitectura y funcionamiento del sector energético de México, una suerte de condena pública.
Un verdadero respeto a las ideas y opiniones de los demás, como es obligatorio en el México democrático al que pertenecemos, debe corresponderse con no utilizar el poder que tienen los que están en el gobierno para marcar diferencias e inducir a la opinión pública ideas acerca de lo bueno y lo malo, pues la convivencia de todos debe basarse en lo que establecen la Constitución y las leyes de México.
