Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- El Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 29 de abril de 2020 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales en operación.
El acuerdo firmado erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa, beneficiando indebidamente a centrales de generación de CFE más costosas y contaminantes. Obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de CFE, afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia.
Con este acuerdo las autoridades, en un momento de enorme vulnerabilidad en materia económica y sanitaria, retoman la ruta de captura regulatoria evidenciada en el pliego petitorio que CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en agosto pasado. Las primeras medidas de dicho documento fueron instrumentadas por la Secretaría de Energía en contra del mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs) y suspendidas por una serie de jueces federales que identificaron en ellas daños irreversibles tanto al medio ambiente como a los derechos de privados.
Una vez más, nos encontramos ante una imposición de CFE a CENACE para que éste le favorezca en detrimento de que los clientes industriales puedan elegir el suministro eléctrico más competitivo para ellos, con el agravante que se impide indefinidamente la entrada en operación de plantas de generación cuya construcción está por terminar para suministrar energía competitiva a clientes ya contratados, además que tratarse de tecnologías amigables con el medio ambiente.
Por último, es de mencionarse que la medida que se pretende implementar desde el día 4 de mayo y aparentemente con carácter indefinido, lesiona los derechos de inversiones privadas ya realizadas, con el consiguiente daño patrimonial para las empresas que construyeron las centrales de generación renovables. Es muy probable que, como medio de defensa, los inversionistas recurran a los acuerdos de protección de inversión que México tiene firmados.
De confirmarse esta arbitraria e improcedente disposición redundará en una mayor pérdida de confianza de los inversores, acercándonos aún más a la pérdida del grado de inversión como país.
