Las asociaciones distribuidoras de gas LP en México han alertado sobre la crisis económica que enfrentan debido al tope de precios impuesto por el Gobierno Federal. Después de siete meses de pérdidas consecutivas, los agremiados han advertido que, si no se concreta un acuerdo antes del 15 de junio, podrían llevar a cabo un paro nacional como medida de protesta
El llamado de los distribuidores al gobierno federal luego de siete meses de pérdidas
En entrevista con el medio de comunicación El Universal , Rocío Robles Serrano, presidenta ejecutiva de Amexgas, destacó que la industria ha proporcionado información detallada sobre costos, gastos e inversiones al gobierno, con la esperanza de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes tras los siete meses de pérdidas. La ejecutiva enfatizó que la meta es garantizar una tarifa de distribución justa, que no solo mantenga el precio del gas LP controlado, sino que asegure la operación del sector sin afectar a la ciudadanía.
Uno de los puntos clave que los distribuidores han solicitado al gobierno es revisar la tarifa de distribución, fijada en 4.25 pesos. Según Amexgas, la solución no consiste únicamente en incrementar el precio, sino en revisar el modelo de cálculo del precio final, incorporando gastos operativos, costos de inversión y apoyos sociales dentro de la tarifa, lo que permitiría evitar aumentos desproporcionados para el consumidor.
El impacto del tope de precios en el sector gasero y los siete meses de pérdidas
La crisis del sector ha generado despidos masivos y cierre de plantas de distribución, afectando la disponibilidad de gas en zonas alejadas y vulnerables. Robles Serrano explicó que las empresas han tratado de ser eficientes, pero muchas han tenido que detener la distribución en regiones más remotas, lo que agrava la situación de los consumidores que dependen del gas LP.
La presidenta de Amexgas también señaló que la operación de Gas Bienestar, empresa del Estado, ha impactado las ventas del sector privado. No obstante, recordó que esta compañía fue creada como una estrategia social para garantizar acceso al gas LP cuando los precios internacionales eran elevados. Ahora que el mercado se ha estabilizado, considera que debería revisarse la continuidad de esta política pública.
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Últimas negociaciones y posible paro nacional
El 24 de mayo, representantes de Amexgas, ADIGAS, ADG, Asocinor y la Cámara Regional del Gas sostuvieron una reunión con autoridades de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener). Aunque ha habido diálogo, Robles Serrano advirtió que el tiempo se agota y que el paro nacional sigue en consideración si no se llega a un acuerdo pronto.
La ejecutiva reiteró que la negociación es la vía ideal, pero comprende la frustración de los distribuidores que no pueden continuar operando con pérdidas indefinidamente. “Es su libre derecho, y entendemos su desesperación. Más de siete meses de pérdidas han puesto a muchas empresas al borde del colapso”, enfatizó.
Conclusión: el reto de encontrar una solución equilibrada
Los distribuidores de gas LP enfrentan un panorama desafiante. Si el gobierno y el sector gasero no llegan a un acuerdo antes del 15 de junio, el país podría experimentar interrupciones. Esto respecto a la distribución del combustible. El sector busca una solución que permita mantener los precios regulados, sin comprometer la viabilidad económica de los distribuidores ni afectar a los consumidores.
La negociación sigue en marcha, pero la presión crece. En los próximos días, el diálogo entre ambas partes será crucial para evitar el paro. También se busca asegurar un futuro sostenible para la industria del gas LP en México.
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