Los expertos señalaron que tanto el sector eléctrico como el de hidrocarburos se han enfrentado a una judicialización
El impulso de reformas como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y de Hidrocarburos (LH), es una forma de judicializar el sector energético, coincidieron expertos durante el 6º Foro Nacional IMEF de Energía.
Los proyectos de energía y el Estado de derecho, en tema de nuestra mesa 6 en el #ForoIMEFdeEnergía 2021: https://t.co/m0zmHRcH0v pic.twitter.com/qU6KX04D6P
— IMEF Oficial (@IMEFOficial) May 18, 2021
Julia González, abogada de González Calvillo, explicó que si bien las industria eléctrica y de hidrocarburos son industrias completamente diferentes, ambas se han visto impactadas con las nuevas regulaciones.
“Las modificaciones a la LIE incluyen una nueva figura que son los contratos con compromiso de entrega física formados por un suministrador básico. Básicamente se regresa a una lógica en la que se privilegia a una figura sobre los demás sin importar el costo”, detalló.
En el caso de los hidrocarburos, González recordó que en México no hay suficiente capacidad de almacenamiento; lo cual ha sido reconocido por la misma Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En la imagen, 6º Foro Nacional IMEF de Energía
Reformas buscan eliminar competencia
En ese sentido, Monserrat Ramiro, Wilson Center Global Fellow y ex comisionada de la CRE, aseveró que si bien son mercados distintos, el objetivo en común que tienen con las reformas es el de eliminar la competencia de las dos empresas productivas del Estado (EPE): la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“El fortalecer a las EPE se debería entender como el que tengan estados de resultados mucho mejores; que sean más rentables; que tengan una salud financiera distinta a la que tienen hoy; y que cada vez más las empresas del estado fueran una fuente de ingresos al estado mexicano; y no una fuente de peticiones de recursos públicos para su funcionamiento”, aseguró.
Del mismo modo, la experta reiteró que las finanzas públicas no son infinitas y la obligación del Estado está en rubros como la seguridad, salud y educación; ante ello, los recursos no deberían desviarse a otros lados. “Lo interesante seria fortalecer la salud financiera de estas empresas y que los consumidores tuvieran que pagar menos por estos bienes”, aseveró.
Incertidumbre no ayuda a incentivar inversiones
En tanto, Valeria Vázquez, líder de la Industria de Energía y Recursos de Deloitte Consulting resaltó que la incertidumbre jurídica no ayuda a incentivar las inversiones; lo cual es lo que necesita el país, mayor inversión e infraestructura. “Estamos en el limbo jurídico mientras deberíamos estar direccionando esfuerzos hacia el mejor desarrollo del sector”.
“Nos enfrentamos a una especie de judicialización del sector porque las nuevas legislaciones secundarias y regulaciones han intentado cambiar el rumbo que tiene el modelo constitucional; y se ha confrontado en tribunales especializados, en donde también de manera novedosa vemos una multiplicidad de acciones”, indicó.
Por su parte, Carlos Vallejo Galván, de Lexoil Consultores, coincidió en la judicialización del sector energético. Además, destacó que los órganos reguladores y actores clave no han prestado atención a las diversas posturas y opiniones en torno al sector energético.
“Esta situación de judicializar el sector es un ejemplo claro de un no querer escuchar o querer entender por parte de esta administración”, puntualizó.
