Las empresas cuentan con recursos jurídicos para hacer frente a la reforma eléctrica, opina Camilo Vázquez de Abogados Del Castillo y Castro
Camilo Vázquez
Socio de la firma de Abogados Del Castillo y Castro
Una de las decisiones que más controversia ha provocado en los distintos sectores productivos es la reforma eléctrica; aprobada en marzo por el Senado. El dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en materia de autosuficiencia energética procedía de la Cámara de Diputados; bajo el argumento de que el Estado debe mantener la soberanía en materia energética.
Sin embargo, y cuando todo estaba dispuesto para que la ley comenzara a aplicarse una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se puso de manifiesto la separación de poderes que rige nuestro país.
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— Energía Hoy (@energiahoy) April 30, 2021
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Poder Judicial actúan
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones concedió 16 suspensiones. Días después, se sumaron 11 aprobadas por el juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito. Hasta llegar a 84, una de ellas concedida a Greenpeace, con el argumento de que las reformas “traen como consecuencia el desplazamiento de la utilización de fuentes renovables por contaminantes; además de que no se promueve la utilización de energías limpias y se permite que el Estado mexicano pueda incumplir con los compromisos sobre Cambio Climático”.
Reforma viola principio de competencia
La suspensión de la reforma eléctrica determinada por jueces federales, tras considerar que viola el principio constitucional de libre competencia es definitiva, en tanto, se resuelve el juicio de amparo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por diversos senadores de la República, en contra de las reformas a la LIE que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento, los legisladores de oposición consideran que “en el contenido de la reforma se encuentran imposiciones que, aunque resultan en contradicción, derivan en violaciones en contra del derecho a la libre concurrencia en el mercado del que gozan las centrales de energías limpias”.
Controversia constitucional
Adicionalmente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), interpuso una controversia constitucional ante la SCJN contra la reforma porque “las medidas contenidas en el decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico; lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”. La comisión concluyó que la reforma a la ley otorga ventajas indebidas a favor de la empresa eléctrica estatal y anula la capacidad de intervenir a otros competidores.
De acuerdo con el proceso jurídico de un asunto de esta naturaleza, la contraparte, en este caso el Ejecutivo federal, deberá impugnar y obtener sentencia favorable para que quede sin efectos la suspensión definitiva a esta reforma que fue promulgada el pasado 9 de marzo. Al ser una suspensión de carácter general, las empresas privadas del sector energético están en posibilidades de ejercer su derecho a la competencia y libre concurrencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica.
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Las afectaciones económicas de la LIE
En cuanto a las inversiones ya realizadas y que, según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), tendrían afectaciones económicas por alrededor de 40 mil millones de pesos. Se fortalecería la empresa del Estado en la generación eléctrica en detrimento de las renovables que propician las condiciones necesarias para que se ofrezcan precios más bajos a los usuarios finales, lo que además, abriría la puerta para el restablecimiento de un monopolio del sector eléctrico contraviniendo los compromisos adquiridos por México al firmar el T-MEC. Representantes del sector privado estadounidense solicitaron a las autoridades de ese país que tomen medidas sobre 12 posibles violaciones al acuerdo del T-MEC por parte del gobierno mexicano.
En este ir y venir de argumentos, al cumplirse 100 días de su tercer año de gobierno, el presidente mencionó que la reforma a la industria eléctrica permitirá “reparar el grave daño que causó la privatización del sector público y a la economía popular. Se continuará fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa pública que no puede ser ninguneada como lo hicieron los gobiernos neoliberales dándole trato de segunda mientras se otorgaban privilegios a empresas extranjeras”.
Contratos se respetarán
Aunque asegura que los contratos que resultaron de la Reforma Energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector hidrocarburos se respetarán, y que no se otorgarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo, en caso de entrar en vigor el nuevo ordenamiento, decenas de empresas del sector tendrán que recurrir, de manera inevitable, a reestructuras financieras o concursos mercantiles ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos derivada de la falta de flujo.
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La reforma eléctrica implicaría un sobrecosto de 60 mil millones de pesos en la electricidad, de acuerdo con datos del sector. Es un hecho que, más allá de las implicaciones jurídicas de la reforma, los perjuicios económicos y ambientales están a simple vista. Son empresas que confiaron en las instituciones del Estado haciendo inversiones, con la consecuente generación económica en las cadenas productivas y en el empleo.
Apenas en 2019, Iberdrola anunciaba inversiones por 5 mil millones de dólares en un periodo de cinco años y proyectaba compras por un monto de 3 mil millones de dólares. En aquella ocasión, y después de una reunión con quien fuera presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, y Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el presidente de la empresa ibérica, José Ignacio Sánchez Galán anunció la construcción de centrales en Puebla, Querétaro y Veracruz.
¿Qué pasará si la LEI llega a aplicarse?
Este es solo un caso. No estamos ciertos de que el Ejecutivo federal haya hecho los cálculos de los costos que tendría la entrada en vigor de la nueva ley. Si esta llega a aplicarse, ¿qué pasará con esas inversiones y con los adeudos que generaría el detener operaciones? ¿El Estado mexicano tiene la capacidad para atender la demanda de electricidad? Y los posibles daños ambientales, ¿están considerados?
El proceso legal atraviesa una tensa calma y está sujeto a los tiempos y procedimientos de las instancias judiciales. Lo ideal es que, conforme a derecho, los aspectos políticos que esta reforma implica se mantengan ajenos al proceso. En todo caso, las empresas afectadas con la aplicación de las nuevas disposiciones cuentan con recursos jurídicos para hacer frente a las afectaciones económicas.
Hago una recomendación a los empresarios que opten por estos caminos legales: elijan a firmas de abogados con experiencia probada en estos asuntos. El compás de espera se sigue abriendo.
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