Escrito por: Economía, Negocios, Opinión

Política energética: incertidumbre ante el T-MEC

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La falta de congruencia del Gobierno de México en cuanto a su política energética y a los compromisos adquiridos en el T-MEC, genera desconfianza e incertidumbre en los sectores público y privados de países aliados. Debe corregirse el rumbo y buscar acuerdos que satisfagan a todas las partes: CEM.

El Consejo Empresarial Mexicano (CEM), hizo un llamado al Gobierno de la México para respetar cada uno de los acuerdos internacionales firmados en el tema energético. El organismo sostiene que, al faltar a nuestras obligaciones legales, se violenta el Estado de Derecho. Además de que habría consecuencias jurídicas y económicas que los mexicanos pagarían con sus impuestos.

La reciente solicitud de consultas en el marco del T-MEC de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá es para el CEM, una muestra del pésimo manejo de nuestras relaciones comerciales y política exterior y a la par de empeorar la imagen de nuestro país en el extranjero.

“Este tema no es político, es un asunto legal y comercial que la mayoría de Senadores y Senadoras de la República de la actual legislatura avaló. Es tiempo de madurar y afrontar con seriedad los retos del T-MEC y evitar el proteccionismo que su administración ha generado, pretendiendo beneficiar a la CFE y a PEMEX“.

Certeza jurídica para atraer inversión

Para el CEM el respeto a la legalidad, la transparencia y la honestidad es un reclamo de todos los empresarios de México. Su postura es que es de vital importancia dar certeza jurídica a sus socios comerciales para que fluya el crecimiento de las inversiones del extranjero en nuestro país. Afrontar en unidad los retos que plantea la economía global.

El CEM recuerda que El T-MEC tiene mecanismos jurídicos que podrían llevar a la reparación del daño causado por las medidas impuestas por el Gobierno Federal. Y si el presidente López Obrador y sus funcionarios tienen tanta confianza en que no violentan el tratado, “los exhortamos a empeñar no sólo su palabra, sino su patrimonio para garantizar el pago a los daños causados por sus decisiones y políticas en contra de acuerdos internacionales firmados por nuestro país”.

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