Ciudad de México (Iliana Chávez / Energía Hoy).- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el órgano que debió emitir el “Acuerdo” del Centro Nacional del Control de la Energía (Cenace), por lo que la disposición resulta ilegal, es un ejemplo de mala práctica regulatoria y evidencia falta de transparencia, señaló María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de la organización México Evalúa. Lamentó que a la fecha el órgano regulador no se haya pronunciado sobre el tema.
Durante una charla sobre “Reguladores durante Covid”, sostuvo que los órganos reguladores en una etapa pandemia como la que se vive en el país, no deben perder la credibilidad, la confianza y la transparencia, ya que “una regulación económica óptima puede hacer la diferencia en esta emergencia y en la fase de recuperación.”
Expuso que Cenace, que es el operador de la red, emitió un Acuerdo donde utiliza a la emergencia sanitaria para emitir una nueva forma de opera donde prácticamente lo que se hace es limitar la entrada de nuestras centrales generadoras de energías renovables, y además de cerrarles las puertas, también pone en riesgo que las centrales que ya operaban puedan ser las primeras en salir del sistema a pesar de ser las más baratas y las más limpias.
“En términos generales, es un acuerdo que afecta de manera muy grave e injustificada a las energías renovables que son prioritarias por razones económicas y sobre todo ambientales.”
El acuerdo del Cenace es un ejemplo de mala práctica regulatoria, por donde se le vea, por varias razones en términos de prácticas regulatorias:
1.- Es una facultad que no le corresponde. No le tocaba al operador de la red eléctrica emitir este acuerdo, en todo caso era facultad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues se trata de una disposición general que restringe el acceso de una parte de la industria y esto es una actividad de regulación económica.
Dijo que es difícil saber la razón por la cual fue el Cenace quien emitió esa disposición, una falta de coordinación, un desacuerdo con el regulador, al no haber a la fecha una respuesta por parte de la CRE, pues es difícil saber lo que pasó. “Esto evidencia falta de transparencia y varias fallas en las prácticas de gobernanza regulatoria.”
2.- Es una medida que va contra el objeto del operador, el operador de la red eléctrica está para buscar que el mercado eléctrico opere con eficiencia y con competencia, sin que se favorezca sin a ningún participante y esperando que la generación de electricidad sea al menor costo posible, de la forma más eficiente.
3.- Una grave falta de temporalidad. No se especifica cuándo se levantará la medida, con lo que se deja abierta la posibilidad a que se mantenga aún después de la emergencia.
4.- Falta de proporcionalidad de la medida. No se puede atribuir a las renovables las fallas dentro de la red, porque no se da la información, ni los criterios que puedan demostrarlo.
5.- Con el argumento de la emergencia no se hizo una consulta previa, si no con toda la industria, sí con algunos representantes.
6.- Demuestra una falta de independencia que en un operador como el Cenace es claro. La propia secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien aceptó y describió que fue una instrucción de la dependencia a su cargo para que se pudieran cumplir los porcentajes de participación entre el sector privado y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Es una instrucción directa utilizando la emergencia, haciéndolo de forma ilegal, sin temporalidad, es una pésima práctica.” Al respecto consideró que “no hay que permitir que siga adelante, hay que tirar el “Acuerdo”.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya emitió su opinión, el sentido de que el Acuerdo es contrario al proceso de competencia y puede afectar los precios de la electricidad.
Otro mecanismo de rendición de cuentas sería el Congreso de la Unión, el cual podría solicitar las razones de este Acuerdo en este momento y de esta forma.
En cuanto a los afectados por el Acuerdo, deben exigir que se cumpla con la legalidad y la constitucionalidad, con base en el interés público que representa dicho Acuerdo. Los privados deben controvertirlo por la vía judicial e incluso como consumidores y, ambientalistas también tienen algo que decir.
“Se ha hecho costumbre el actuar ilegal en el sector energético, pero eso no quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos”. Hay que actuar sobre esta ilegalidad.
Lamentó que la CRE no se haya pronunciado sobre el tema hasta la fecha en el contexto de la pandemia, donde solo se ha limitado a emitir suspensión de plazos y términos. Y criticó que uno de los comisionados seguía de gira por la construcción de la refinería de Dos Bocas, en marzo.
