Ciudad de México (Víctor Rodríguez Padilla, 5 julio 2018 / Energía Hoy). Andrés Manuel López Obrador reiteró lo dicho: el nuevo proyecto de Nación no incluye expropiar ni confiscar bienes, ni implantar una dictadura abierta o encubierta. Lo dijo en el zócalo la noche del domingo durante la celebración de su triunfo electoral. Los cambios se harán con apego al orden legal establecido, nada fuera de la ley. Habrá libertad empresarial y se garantizarán los derechos políticos y económicos consagrados en la Constitución, se respetará la autonomía del Banco de México, se mantendrá la disciplina financiera y fiscal, de igual modo, se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. En otras palabras, se dará continuidad a las políticas de mercado y habrá certidumbre jurídica para inversionistas y empresarios. “El modelo económico se mantiene en lo fundamental pero incorporando a los olvidados”, precisa Alfonso Romo, el personaje más importante después de Andrés en el nuevo gobierno. La transformación en puerta consistirá básicamente en desterrar la corrupción y la impunidad. Será la misión principal del nuevo gobierno. Se abolirán los privilegios. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría. Todos los ciudadanos serán escuchados pero se dará preferencia a los más humildes y olvidados. Dicho en otros términos, el modelo económico no será eliminado, sólo se corregirán sus excesos.
La cuarta transformación de la vida pública de México estará restringidas por las limitaciones presupuestales, la negativa a contratar deuda y subir impuestos, las resistencias de los que no quieren dejar sus privilegios y lo que se logre negociar con los poderes fácticos. Los dueños del dinero perdieron la elección pero conservan su riqueza y su malicia. Andrés Manuel llamó a todos los mexicanos a poner el interés general por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, pero que va. En paralelo las transnacionales y las embajadas defenderán sus intereses a capa y espada, basta recordar las andanzas del embajador de Canadá presionando a gobernadores y presidentes municipales para que ayuden a las mineras en los conflictos con las comunidades.
AMLO promete mudanzas en lo económico, lo político, lo social y lo ético ¿Qué significa para el sector energético? Habrá continuidad en algunas áreas pero transformación en otras. La izquierda tendrá mayoría en el Congreso y podrá cambiar las leyes, pero sin mayoría calificada el texto constitucional actuará como freno del cambio. En esas circunstancias la agenda de muy corto plazo será la siguiente:
- Suspensión de las rondas petroleras. Lo que se dio se dio pero ya no habrá más contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Que el capital petrolero se dé por bien servido con los 107 contratos adjudicados. Tampoco se usará la figura de farmout. No habrá alianzas en las que Pemex sea despojado de la operación y sea relegado a socio minoritario. AMLO pedirá al mandatario saliente la cancelación de las licitaciones en curso.
- Revisión de los contratos. “Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontráramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes”. Es la cita textual del discurso del 1 de julio. Los contratos de la CFE también serán revisados porque se licitaron gasoductos y centrales eléctricas en condiciones cuestionables, especialmente con Enrique Ochoa.
- Encarcelamiento de los líderes corruptos del sindicato petrolero. Se llevará a juicio a Carlos Romero Deschamps y al resto de la banda. La administración saliente lo cubrió con un velo de impunidad para que no se opusiera a la reforma energética y al desmantelamiento de Pemex. No es cacería de brujas, revanchismo, ajuste de cuentas, ni nada por el estilo, es simplemente justicia. Se llevará a la cárcel a quien haya que llevar.
- Administración de precios. Andrés Manuel prometió que no habrá más gasolinazos. Eso significa, por lo menos, congelar el precio en los niveles actuales. Pero la ciudadanía espera más que eso. Una disminución de dos o tres pesos sería responder de manera contundente a las expectativas de los electores. Más allá de precisar el tamaño de la rebaja para no afectar a Pemex y a las finanzas públicas lo destacable es la reaparición de un mercado administrado en por lo menos tres productos: gas LP, gasolina y diésel. Las estaciones de servicio con bandera distintas a la de Pemex caben dentro de ese esquema, la diversidad de marcas es poco relevante en un sistema administrado. Dicho en otros términos, la liberalización del mercado de combustibles será parcialmente suspendida. No hay que rasgarse las vestiduras, es una situación prevista en la ley actual. Y bajar los precios no es sinónimo de otorgar subsidios, sólo se necesita ajustar las expectativas de rentabilidad e ingreso fiscal.
- Protección de las comunidades afectadas por los proyectos energéticos. El gobierno protegerá los derechos humanos y pondrá fin al despojo de tierras, engaños y agresiones del que son objetos las comunidades. Ya lo dijo Andrés: el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría, en este caso de las empresas mineras y energéticas; se escuchará a todos pero se dará preferencia a los pueblos indígenas, a comuneros y ejidatarios, a jornaleros y pequeños propietarios. Ya no se sacrificará a los pobres y olvidados. La relación entre las comunidades y empresas será rediseñada completamente, no se dejará a las fuerzas del mercado. Será creada una fiscalía especial para perseguir los delitos cometidos por las empresas extractivas, de gas y electricidad. Los proyectos energéticos dejarán de tener la prioridad sobre el uso del suelo salvo casos especiales establecidos por decreto.
- Reintegración vertical de Pemex y CFE y eliminación de la regulación asimétrica. La contrareforma energética sometió a las empresas productivas del Estado a una desintegración vertical y horizontal, así como a una regulación asimétrica para quitarles clientes y mercados. Eso se acabó. La reintegración vertical es un hecho, al igual que la reintegración del Cenace a CFE y el Cenagas a Pemex. Se suspenderán las temporadas abiertas para el uso de la capacidad de trasporte y almacenamiento. PMI volverá será nuevamente el comercializador de los hidrocarburos del Estado. Se mantendrá el mercado eléctrico pero sólo el de contratos bilaterales. Porteo, respaldo, interconexión y banco de energía se cobrarán a su justo precio. Los subsidios serán para los pobres.
- Rescate de las refinerías. Habrá un plan de emergencia para sacar a las refinerías del hoyo donde las metió la presente administración en un proceso de auto sabotaje. Aumentará la dotación de crudo para elevar la tasa de utilización de 30 al 80%, al tiempo que se reforzarán los programas de mantenimiento. El aumento de la capacidad de refinación vendrá después porque lo primero será hacer que funcione correctamente lo que ya está. La reducción de las importaciones de petrolíferos permitirá importantes ahorros y la seguridad energética pasará a niveles menos alarmantes.
- Salida de México de la asociación transpacífica. Se trata del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Ese retiro es necesario porque lo que se pactó en materia de energía va más allá de la reforma constitucional de 2013 y es completamente contrario a los planteamientos de López Obrador. La actual administración aprovechó la negociación de dicho tratado para profundizar la liberalización y la privatización del sector energético y satisfacer las exigencias de las trasnacionales. No se firmará el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0) si el capítulo energético es contrario al nuevo proyecto de nación.
- Ajuste en la política de gas natural. Se revisarán los contratos de importación de gas y se respetarán si están ausentes de corrupción. Se dará continuidad a las compras en los Estados Unidos pero ya no se construirán más ductos de internación. Se impulsará la búsqueda y producción de gas nacional. El fracking estará prohibido. La generación de energía eléctrica con gas natural se limitará y se dará prioridad al aprovechamiento de fuentes renovables de energía. La cogeneración recibirá un impulso sin precedentes.
- Empatar la regulación con la nueva política energética. Entre los principales opositores al nuevo gobierno se encuentran la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, son instituciones que se siente intocables y están dispuestas a enfrentar a quien sea con tal de salvar las reformas de mercado. El marco jurídico vigente supedita la regulación a la política energética, pero algunos comisionados quieren invertir las prioridades y no sólo por política e ideología. No pocas de las regulaciones emitidas han causado perjuicio a la nación y les espera una exhaustiva rendición de cuentas. En cualquier caso la arquitectura institucional será rediseñada, incluyendo por supuesto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. No sería razonable apoyarse en las transnacionales para oponerse al cambio de políticas públicas, a menos que se quiera incendiar la pradera y abrazar la sedición.
Es el decálogo de una pequeña revolución energética. Si el nuevo gobierno se pone las pilas, podrá conseguir los votos necesarios para cambiar la Constitución. No se necesita mucho, sólo platicar, negociar y concertar con los legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y del PRI con raíces nacionalistas. Una verdadera revolución energética está al alcance de la mano. Para la izquierda es ahora o nunca.
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