Edición Digital Energía Hoy, Febrero 2020
Al término de un año de gobierno, ya no tenemos duda: la presente administración no acepta el modelo de competencia en el sector energético. Se mantiene el principio constitucional y todo el tinglado legal, pero se ajustan regulaciones para inhibir la participación privada poniendo como argumento la necesidad de fortalecer a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En medio de una gran preocupación por la posibilidad de nuevos cambios regulatorios en materia eléctrica, comparto estas preguntas: ¿La competencia hace más débiles a las empresas del Estado?; ¿Los cambios regulatorios efectivamente las fortalecen? Tratemos de encontrar elementos para responder.
Si el modelo previo era el del monopolio estatal, el único camino posible para ese monopolio, (deseable, de facto, en congruencia con el cambio Constitucional de diciembre de 2013), es el de perder mercado, situación que parece ser el único indicador atendido para la toma de decisiones regulatorias actuales.
Se deja en la mesa el hecho de que la competencia favorece, en primer lugar, a los mexicanos, quienes por primera vez veríamos a diversas empresas esforzarse por conquistar nuestra preferencia, ofreciendo no solo mejores precios sino diversos servicios, en un mundo en donde el sector energético supera ya por mucho la entrega de combustibles en la gasolinería y el pago de una factura eléctrica a cambio de consumir energía.
En segundo lugar, la competencia favorece a quien compite obligándolo a esforzarse por reducir sus costos, hacerse de tecnología de punta para ofrecer mejores productos más amigables con el medio ambiente, más personalizados, en línea con una tendencia global. La vocación social que hoy se argumenta y sobre la cual no hay más que coincidir, requiere de empresas modernas, eficientes y personal altamente calificado y motivado para mejorar su servicio.
Se argumenta la debilidad de las finanzas de las empresas del Estado. Tienen razón. La carga financiera es elevada y por ello la posibilidad de alianzas y asociaciones representa una salida para adquirir tecnología de punta y conocimiento en áreas en las que no se ha participado o no se ha sido exitoso.
Partimos entonces de una debilidad de las empresas del Estado. ¿Por qué entonces obligarlas a atender de nuevo todo el mercado mexicano? Tomo el ejemplo de las gasolinas. Pemex tiene que pagar el costo de una logística no eficiente, lejana a los puntos donde se consume el producto. Tiene que dar unos descuentos ridículamente altos, tiene que refinar en instalaciones donde se desperdicia en forma de combustóleo un 30% de cada barril de petróleo procesado, porque ese es el mandato que le volvieron a imponer.
Y la CFE por su lado, al ser obligada a concentrarse en generación, deja de lado su mayor fortaleza, el monopolio que la Constitución le mantuvo: las redes de transmisión y de distribución. Cuando sin ellas, ni la industria productiva nacional ni usted ni yo tendremos un servicio eléctrico eficiente y de calidad y una CFE fortalecida financieramente, sin más robos de electricidad que hoy no puede combatir porque carece de la tecnología adecuada.
Es así como parece conveniente volver a pensar, sin ideologías, sin apasionamientos y con el mayor de los respetos por el derecho del otro a disentir, si vale la pena acabar con el modelo de competencia en el sector energético mexicano.
*Experta en finanzas y energía con una experiencia profesional de más de 30 años. Tuvo a su cargo parte del diseño del nuevo modelo energético mexicano y fue responsable de la política pública para el desarrollo de los mercados de gas natural y petrolíferos, por lo que acumula más de 18 de años de experiencia en el sector energía y más de 15 en el sector financiero mexicano. Dentro de sus principales logros está el desarrollo de las políticas de almacenamiento de gas natural y petrolíferos.
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