La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de sanciones contra 39 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves (CFE y Pemex aparecen en el listado), derivadas de investigaciones realizadas en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Entre los casos más relevantes para el sector energético destaca el de cinco personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes fueron inhabilitadas por periodos de entre 10 y 20 años, además de recibir una sanción económica solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos, relacionada con la adquisición e instalación de equipos que, de acuerdo con las investigaciones, no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.
CFE, entre los casos de mayor impacto económico
De acuerdo con la Secretaría, las sanciones impuestas en la CFE derivaron de acciones de investigación realizadas por su Unidad de Responsabilidades, durante las cuales se obtuvieron pruebas sobre la comisión de faltas administrativas graves.
El caso involucra a Roberto V., de CFE Distribución; Alberto M., del Laboratorio de Equipos y Materiales; y José Q., de CFE Suministrador de Servicios Básicos, quienes recibieron una inhabilitación de 20 años. Por su parte, Francisco D., de la Dirección Corporativa de Operaciones, fue inhabilitado durante 10 años.
La dependencia señaló que las sanciones están relacionadas con la contratación, realizada en 2017, para la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.
Además de las inhabilitaciones, las personas involucradas deberán responder de manera solidaria por una sanción económica de mil 192.5 millones de pesos, convirtiendo este expediente en uno de los casos de mayor impacto económico entre los comunicados por la autoridad.
El caso resulta relevante para el sector eléctrico porque pone el foco no solamente en el monto de los recursos involucrados, sino también en los mecanismos utilizados para determinar la pertinencia de las adquisiciones dentro de una empresa estratégica del Estado.
Pemex también registra una sanción
Dentro del sector energético, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también reportó una sanción relacionada con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En este caso, Nishma R., adscrita a la Subgerencia de Confiabilidad de Equipos y Procesos, recibió una suspensión de 30 días por no cumplir reiteradamente con el horario correspondiente a su jornada laboral durante 2025.
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A diferencia del expediente de CFE, se trata de una falta no grave y la sanción corresponde a una suspensión temporal. No obstante, la inclusión de Pemex dentro del conjunto de resoluciones muestra que las investigaciones abarcan distintos niveles y tipos de incumplimiento dentro de las empresas e instituciones públicas del sector energético.
Las investigaciones abarcaron a diversas instituciones
Los casos informados por la Secretaría no se limitaron a CFE y Pemex. Las investigaciones también involucraron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco del Bienestar, Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (Asipona Manzanillo), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Guardia Nacional, Tren Maya, Profeco, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Financiera para el Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares e Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otras instituciones.
En los expedientes correspondientes a faltas graves, las sanciones incluyeron inhabilitaciones, suspensiones y multas económicas. Por ejemplo, en el IMSS se impusieron inhabilitaciones de 10 y un año por conductas relacionadas con la obtención de beneficios económicos derivados de las funciones desempeñadas.
En la SEP, una persona servidora pública del Tecnológico Nacional de México en Culiacán fue inhabilitada durante 10 años y recibió una sanción económica de 82 mil pesos por recibir pagos correspondientes tanto a una plaza de estructura como a servicios por honorarios.
Por su parte, en el ámbito de la SHCP-INDAABIN, se impuso una inhabilitación de ocho años y una sanción económica de 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a una cuenta personal por ese monto y no devolver un vehículo.
Recursos públicos y controles internos, bajo escrutinio
Los expedientes dados a conocer muestran la diversidad de conductas que pueden derivar en responsabilidades administrativas, desde decisiones relacionadas con adquisiciones y contratación de servicios hasta el manejo de recursos, documentación, procedimientos internos y cumplimiento de obligaciones laborales.
En el caso de las instituciones vinculadas con infraestructura y servicios estratégicos, como CFE, Pemex y Asipona Manzanillo, las irregularidades administrativas adquieren una dimensión particular debido al impacto que puede tener el uso inadecuado de recursos públicos sobre proyectos, operaciones y servicios.
En Asipona Manzanillo, por ejemplo, se impusieron inhabilitaciones y suspensiones derivadas de la autorización del pago de una estimación por 10 millones de pesos, aun cuando dos insumos no habían sido recibidos oportunamente.
El conjunto de resoluciones también evidencia que los mecanismos de control interno y las investigaciones administrativas pueden desembocar en sanciones de distinta naturaleza, dependiendo de la gravedad y de las circunstancias de cada caso.
También hubo sanciones por faltas no graves
La Secretaría informó que, además de las faltas graves determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se impusieron sanciones por faltas no graves.
Entre ellas se encuentran casos registrados en el IMSS, Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Pemex, Guardia Nacional, Tren Maya, Profeco, CNBV, Finabien, SAT, ASA e INDEP.
En Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), por ejemplo, se aplicó una suspensión de seis días a una persona servidora pública de la Estación de Combustibles México por provocar un derrame de 2 mil 679 litros de combustible durante 2025.
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El caso resulta particularmente relevante para el sector energético y aeroportuario, debido a que involucra directamente el manejo de combustibles y muestra cómo una conducta administrativa puede tener también implicaciones operativas y ambientales.
En Pemex, como parte de las faltas no graves, se informó la suspensión de 30 días mencionada anteriormente, mientras que en otras instituciones las medidas fueron desde suspensiones de algunos días hasta amonestaciones públicas.
Autoridades defienden legalidad de las resoluciones
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las sanciones se impusieron conforme a la legislación vigente y considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.
La dependencia recordó además que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que ejerzan este derecho, aseguró que defenderá las determinaciones emitidas con base en la evidencia disponible y conforme a derecho.
El anuncio forma parte de una serie de acciones de la Secretaría en materia de responsabilidades administrativas. De hecho, el archivo de comunicados de la dependencia muestra que durante junio de 2026 se dieron a conocer diversos procesos de sanción contra personas servidoras públicas.
Para el sector energético, el expediente de CFE concentra buena parte de la atención debido a la magnitud de la sanción económica y al número de equipos involucrados. El caso también vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de planeación, supervisión y justificación técnica de las adquisiciones realizadas por empresas estratégicas.
Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo un llamado a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad, y reiteró que el combate a la corrupción forma parte de sus objetivos para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
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