LIE, divergencia entre el discurso y la propuesta

El presidente se decantó por una tibia reforma legal para la LIE; sabe que no hay condiciones ni tiene los votos para modificar la Constitución

Víctor Rodríguez Padilla
Especialista en el sector energético

La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para su discusión preferente en el Congreso de la Unión ha generado un enorme revuelo mediático y un debate nacional altamente polarizado.

Se le acusa de ir en contra de la Constitución y violar tratados internacionales de comercio, protección de inversiones y medio ambiente. Se le culpa de darle prioridad a centrales que funcionan con tecnologías obsoletas y contaminantes y, por ende, poner en riesgo el cumplimiento de las metas de generación de electricidad con energías limpias y los compromisos de México en el Acuerdo de Paris, incluso de ir en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas.

A la iniciativa se le imputa afectar la economía, el ambiente, la salud y la seguridad jurídica de terceros. También se le atribuye el alejamiento de las mejores prácticas internacionales y la eliminación de incentivos para la inversión, la eficiencia y la transición energética. Se le responsabiliza de afectar inversiones privadas, derechos adquiridos y prejuzga la existencia de fraudes a la ley, así como vulnerar los principios de competencia económica, libre concurrencia, certeza jurídica, debido proceso y no retroactividad de la ley.

Iniciativa es menos radical que las críticas

A la iniciativa se le achaca el propósito de establecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de electricidad, mecanismo que abriría la puerta a una expropiación indirecta de las plantas privadas, además de elevar el precio de la electricidad, la inflación y el costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la empresa pública (sic).

Cualquier argumento es bueno, aunque no necesariamente válido, para inducir el voto negativo de los legisladores. Sin embargo, más allá de los males reales o imaginarios, los adversarios del presidente -como él los llama- deben de reconocer que la iniciativa fue menos radical que el discurso que la acompaña.

AMLO renunció a nacionalizar o expropiar las centrales eléctricas privadas. La iniciativa a la LIE no propone cambios constitucionales para regresar a la época dorada del monopolio público, durante las administraciones de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. No propone reservar nuevamente para el Estado la generación y venta de energía eléctrica y someter a él la cadena de suministro a la planeación normativa.

El Ejecutivo federal no sugiere derogar la Ley de la Industria Eléctrica, se conforma con modificar nueve de 169 artículos y no toca los transitorios. La exposición de motivos es antineoliberal pero la propuesta no se aventura a desparecer el Mercado Eléctrico Mayorista, ni a cancelar el modelo de mercado.

Gobierno propone cambios mínimos

Tampoco sugiere reintegrar el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE o sectorizar a los órganos reguladores en la Secretaría de Energía. No se manifiesta por regular las tarifas eléctricas para que el gobierno decida a su antojo el precio de la electricidad. No cambia otras leyes para alargar los plazos o rebajar las metas de energías limpias y emisiones de gases efecto invernadero. Tampoco empodera a pueblos, ejidos y comunidades cada vez más reactivos a los proyectos energéticos. No se cambia en nada las condiciones de uso y ocupación superficial que pone en ventaja a los inversionistas frente a las comunidades locales.

En México se acabó el neoliberalismo, pero se le da continuidad a una ley surgida de la Reforma Energética (LIE) que abrió de par en par las puertas a la inversión extranjera y organizó el suministro de electricidad como mercados competitivos. Más que defensa de los principios básicos de la izquierda, se privilegia el pragmatismo.

Además, más que control absoluto, se defiende una participación de mercado (54 para el Estado y 46% para privados); más que cancelar la competencia, se resuelve una divergencia sobre lo que significa piso parejo para competir en las condiciones específicas de la industria eléctrica mexicana. Y es que a la Reforma Energética se le pasó la mano con las condiciones que le impuso a la CFE.

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Una tibia reforma legal para la LIE

AMLO se decantó por una tibia reforma legal porque sabe que no hay condiciones ni tiene los votos para modificar la Constitución. Y aún con esa iniciativa ligth no las tiene todas consigo. Está consciente de que su proyecto pasará la prueba del Congreso, pero se atascarán más adelante. El marco jurídico vigente está tan imbuido de economía de mercado que los cambios propuestos por el mandatario serán detenidos mediante amparos y controversias constitucionales interpuestos por empresas afectadas, reguladores autónomos y organizaciones no gubernamentales. Algunas compañías podrían incluso reclamar el incumplimiento de tratados internacionales y buscar soluciones en paneles de controversia y arbitraje de inversiones.

Es inimaginable pensar que el gobierno soslayó la evaluación del conflicto internacional producto de su iniciativa. Se mantiene el modelo de mercado y la posibilidad de seguir haciendo negocio con la electricidad; a cambio de poner fin a los subsidios, garantizar para el Estado una porción del mercado y elevar la contribución de los privados. Urge una red confiable, robusta y resiliente.

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