El objetivo de lograr la autosuficiencia energética demanda políticas públicas y planes de acción alineados con este objetivo
Rubén Cruz,
Socio Líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en México
Con frecuencia hemos escuchado que en México debemos buscar la autosuficiencia energética y, de ese modo, elevar el nivel de bienestar de la población. Sin embargo, pocas veces se profundiza en cómo estos dos objetivos se conectan y lo que tendríamos que hacer para alcanzar dicha meta; así como el tiempo y la inversión que se requieren para lograrlo; y, finalmente, determinar si esto elevaría el nivel de bienestar de la población.
El concepto de autosuficiencia se puede explicar con la negación de su opuesto, es decir, la no dependencia. Como todo plan o proyecto de mejora, debemos partir de un diagnóstico realista de la situación en la que nos encontramos, a fin de establecer las metas intermedias que nos acerquen y, eventualmente, nos lleven a la meta final, siempre que no cambiemos de objetivo o visión a lo largo de la implementación de la estrategia definida.
Por otra parte, el plan maestro debe ser independiente de factores políticos. Si queremos realmente lograr la no dependencia energética en el país (la autosuficiencia), debemos conocer al menos:
- ¿Cuál es nuestro consumo energético actual y cómo esperamos que sea en el futuro?
- Dentro de la matriz energética nacional, ¿en qué somos dependientes y cuál es nuestro grado de dependencia?
- ¿Cuáles son los riesgos asociados a estas dependencias?
- ¿Qué planes de acción se deben establecer? El primero, para mitigar los riesgos identificados (acceso a importaciones y almacenamiento), incrementando con ello la seguridad energética del país. Y el segundo, a mediano y largo plazo, cuya ejecución acerque a la nación, de manera continuada y sostenida, a la autosuficiencia energética, reconociendo que lograrla atravesaría varios periodos de administración federal.
De acuerdo con los últimos datos disponibles del Sistema de Información Energética (SENER), el consumo nacional de energía (CNE) en 2019 fue de 8 mil 796 petajoules (PJ), cifra 4.5% inferior al promedio observado en el periodo 2016 – 2018 en el que el CNE fue de 9 mil 209 PJ. Es de esperarse que las acciones implementadas para el control de la pandemia por COVID-19 hayan tenido un efecto negativo adicional en el CNE en 2020, situándolo por debajo del consumo de 2019.
Dentro de los seis objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020 – 2024 de la Secretaría de Energía, el objetivo número uno es:
“Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional”
Para medir, de forma general, el grado en que un país puede cubrir su consumo de energía con su producción nacional, internacionalmente se utiliza el índice de independencia energética (IIE), que resulta de dividir el consumo nacional de energía (CNE) entre la producción nacional de energía de fuentes primarias (PNE). Si el resultado es mayor a uno, el país se considera independiente o “autosuficiente” en materia de energía.
Bajo esta metodología, a partir de 2015 México dejó de ser autosuficiente en materia energética, y de acuerdo con el PSE 2020 – 2024, la meta de la presente administración ha sido alcanzar un índice de 1.0 para 2024.
Para llegar a esa meta es necesario recuperar la producción nacional de energía a un nivel similar al promedio de 2013 – 2014, es decir, 8 mil 954 PJ, suponiendo que el consumo nacional de energía no rebase ese nivel de aquí al 2024, lo que limitaría el crecimiento del CNE a 1.8% en el periodo 2019 – 2024. Bajo este supuesto, el déficit objetivo a cubrir sería de alrededor de –2 mil 621 PJ; y aquí surgen al menos dos preguntas relevantes: ¿qué tipo de producción nacional de energía primaria se perdió? y ¿de qué forma podremos recuperarla?
Al comparar la matriz promedio de producción primaria de energía para 2013 – 2014 con la de 2019, observamos que la pérdida se generó fundamentalmente en petróleo, gas y condensados (hidrocarburos); y esta fue de –2 mil 573 PJ, lo que explica 98.2% del déficit total; mientras que la disminución de -134 PJ en la producción de energía primaria de fuentes distintas a hidrocarburos (carbón, hidroenergía, geoenergía, y leña y bagazo de caña) explican, en conjunto, solo 5.1% de la pérdida de producción neta.
Es decir, la disminución bruta fue de –2 mil 708 PJ, siendo compensada marginalmente por el crecimiento de la producción de energía eólica (+41 PJ); solar (+32 PJ); la nucleoenergía (+13 PJ); y el biogás (+1 PJ), que en conjunto disminuyeron en +3.3% la pérdida.
Del análisis anterior, podemos concluir que la pérdida en la autosuficiencia energética del país está asociada en un 73.2% a la declinación en la producción de petróleo; en un 22.8%, a la disminución en la producción de gas natural (asociado y no asociado); y en mucho menor medida, a la disminución en condensados (2.3%).
Por otro lado, los hidrocarburos tienen un peso muy relevante en la matriz nacional de producción de energía primaria. Entre 2013 y 2014 representaron 88.1% de la producción; y para 2019, después de una disminución de –29% en la producción, representaron 83.9 por ciento. Esto implica que cualquier esfuerzo para restituir el déficit energético del país obliga a la recuperación de la producción de petróleo y gas natural.
Del análisis anterior, podemos concluir al menos dos cosas:
1. La pérdida en la autosuficiencia energética del país está asociada a la baja en la producción de hidrocarburos, en donde el 73.2% se explica por la declinación en la producción de petróleo; un 22.8%, por la disminución en la producción de gas natural (asociado y no asociado); y 2.3% por la disminución en la producción de condensados.
2. Es tan grande la diferencia en órdenes de magnitud entre las pérdidas en la producción de energía a través de hidrocarburos vs. las ganancias marginales a través de energías limpias; que estas últimas, a corto y mediano plazo, no pueden verse como una fuente de producción de energía que sustituya a los hidrocarburos.
Traducido en volumen, es necesario regresar a una producción sostenida de 2.4 millones de barriles diarios (mmbd) de petróleo crudo; actualmente la producción nacional es de 1.7 mmbd, lo que implica restituir una producción de 700 mil barriles diarios (mbd), adicionales a la declinación inercial de la producción; que es de alrededor de 100 mbd por año, es decir, en tres años se tendrían que adicionar cerca de 1 mmbd.
En cuanto al gas natural, es necesario regresar a un nivel de producción sostenida de 6 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en el mismo periodo; al partir de la producción actual de 2 mil 700 mmpcd.
Como puede anticiparse, el reto es mayúsculo y muy difícil de alcanzar en el periodo señalado (2020 – 2024). No obstante, si la meta a largo plazo es alcanzar la autosuficiencia energética, no queda duda de que se requeriría un esfuerzo sostenido; en donde participen tanto el sector público como el privado, ya que las inversiones necesarias para un proyecto de estas dimensiones serían cuantiosas.
Si añadiéramos las tendencias sobre transición energética y se eligiera el gas natural como energético de tránsito, habría que sustituir la producción equivalente de petróleo; que se dejara de generar con producción de gas natural. Sin embargo, ante los bajos costos de este energético en Estados Unidos, no existen incentivos económicos para su desarrollo en el territorio mexicano; así que este podría promoverse solo por motivos de seguridad nacional y seguridad energética.
Otro factor por considerar es que las reservas de gas en el territorio nacional se encuentran en yacimientos no convencionales. Por lo que el logro de la autosuficiencia energética, también tendría que pasar por la autorización del uso de técnicas de fracturación hidráulica para la extracción y producción de ese hidrocarburo.
Bajo cualquier escenario, lo que queda de manifiesto es que el objetivo de lograr la autosuficiencia en materia de energía demanda políticas públicas y planes de acción alineados con este objetivo. Así como la participación conjunta y coordinada del sector público y de la iniciativa privada; para anclar y detonar las inversiones que conlleva el objetivo número uno del Programa Sectorial de Energía 2020 – 2024.
