La organización Greenpeace México no quitará el dedo del renglón para que el Gobierno Federal cambie su política energética
Luis Miguel Cano, Consultor legal de Greenpeace México, A.C.
Greenpeace México ha obtenido de nueva cuenta una suspensión definitiva frente a la política energética del actual gobierno. Esta vez en el juicio de amparo 372/2020, que concede el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
En dicho juicio, se reclama el Programa Sectorial de Energía 2020-2024. Y lo que se logró hace unos días es que se suspendan varios de sus objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales; en lo que puedan oponerse al fomento del uso de energías renovables y la disminución de contaminantes en el sector energético.
No obstante, aún con esta victoria legal, falta mucho para tener una sentencia favorable. Y todavía más para que la actual administración brinde señales que permitan vislumbrar un cambio de ruta. Al tiempo en que se daba a conocer esta orden judicial de suspensión, también se tuvo la noticia de la aparente aceptación por los órganos reguladores del sector, al memorándum presidencial en el que les solicitó apoyo de a la nueva política energética nacional.
Dualidad en torno a la política energética nacional.
El contraste es importante, porque uno de los puntos del presidente radica en dar preferencia al despacho de centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin considerar la sustentabilidad de tal acción, ni su eficiencia económica. Lo cual abiertamente va en contra de la orden judicial de suspender todo lo que se oponga al impulso de las renovables en la generación de electricidad.
A partir de ello, en los próximos meses, es altamente probable que atestigüemos una dualidad en torno a la política energética nacional. Mientras que los instrumentos de la política pública, que formalmente la contienen, son suspendidos en la sede judicial, podría caerse en la tentación de gobernar a base de órdenes veladas a los órganos reguladores; que sin autonomía real, pretendan darle la vuelta a los mandatos constitucionales y judiciales que deben orientar sus acciones.
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